Columna política: Llegó el acuerdo pero también el fin de las excusas

El acuerdo se tornaba entonces como el único camino posible ante una situación heredada que no tenía muchas más salidas que tensar la cuerda hasta el limite en busca del convenio más potable que se pueda lograr en un marco de necesidades mutuas, pero donde los actores que tienen que levantar la mano son muchos más que dos y cada uno con sus intereses y necesidades particulares.

¿Qué deja el acuerdo con el FMI? Por ahora lo más interesante (al igual que se logró con los acreedores privados) es una sobrevida para comenzar el pago y un dato no menor, el FMI no pidió -al menos hasta ahora- las famosas reformas estructurales que suelen venir atadas a cualquier salvataje del organismo. La Argentina sabe bien de que se trata y como terminan esas aventuras después del megacanje y el estallido del 2001.

Más allá de los anuncios de ambas partes las negociaciones continúan para afinar aspectos antes de que el Directorio de la entidad dé la aprobación final al acuerdo. El paraguas sobre el cual se selló el entendimiento en la madrugada argentina del viernes; sendero fiscal con reducción del déficit a cero en 2025, el plazo para comenzar a pagar efectivamente la deuda contraída, la inexistencia de condicionamientos para poner en marcha medidas que se acerquen a las famosas reformas estructurales y el clásico control de metas cada tres meses están firmes.

No quedan dudas que a pesar de parecer más blando que los clásicos acuerdos del organismo internacional la espada no se corre completamente del cuello de la Argentina. Los controles cada tres meses (tal cómo fue en acuerdos anteriores) se transforma en la herramienta política y ejecutiva del Fondo para hacer naufragar cuando lo considere cualquier entendimiento, como ya pasó con el gobierno del Fernando De la Rúa o más recientemente en la experiencia griega empujando a las naciones a la crisis total.

Por eso los negociadores argentinos insistieron tanto, y al parecer lo consiguieron, con descalzar los envíos de remesas del FMI con los vencimientos de los compromisos. Vale aclarar aquí que lo que hace el Fondo no es postergar los pagos sino represtar al país los pagos que este le vaya haciendo durante el nuevo acuerdo de facilidades extendidas. En ese marco es que el Fondo devolvería, una vez aprobado por el directorio, los 4300 millones de dólares que el país abonó durante estos dos primeros años de gestión de Alberto Fernández.

El gobierno argentino recibió el apoyo al acuerdo de los más diversos sectores empresariales y sociales y de los gobernadores opositores, aunque con cierto reparo. Obvio que la mesa de conducción de la oposición, integrada en su mayoría por dirigentes sin ninguna responsabilidad de gestión y un marcado problema de memoria política, también saludo el entendimiento -aunque con más peros que rayas tiene una cebra- y exigiendo el pase por el Congreso del entendimiento. Algo que a la luz de como se movieron cuando gobernaban el país y tomaron la deuda parece un libreto humorístico antes que una declaración política. Pero además exigen una obviedad ya que fue la propia gestión de Alberto y Cristina Fernández la que promovió la ley de sostenibilidad de la deuda externa que exige que cualquier toma de deuda o acuerdo pase por el Congreso Nacional. Algo que ya prevé la Constitución y que el gobierno de Mauricio Macri violó flagrantemente sin que motivara ninguna preocupación de nuestros dirigentes, economistas y periodistas serios.

Por su parte Alberto Fernández y su equipo después de dos años de gestión entran en su momento definitivo. Con la pandemia sanitaria entrando en una fase de control, los acuerdos cerrados con los acreedores privados y el FMI que despeja el camino de pagos de la deuda durante lo que resta de su mandato se acabaron las excusas y como se dice en el relato deportivo llegó el momento de demostrar "a lo que vinimos".

El Gobierno comienza junto con el nuevo año una etapa donde el entendimiento, que le da vida extra como en los fichines, puede transformarlo en un camino a favor virtuoso que permita cierto desarrollo y crecimiento que incluso dejen a una nueva gestión o a la continuidad de está en mejores condiciones para 2025 cuando invariablemente (como lo hacen todos los países) haya que volver a sentarse con el Fondo a negociar.

El marco de lo que hasta ahora se conoce del acuerdo coincide con lo que el Gobierno nacional viene planteando desde la misma campaña electoral de 2019. La necesidad de despejar el camino de pagos de la deuda para poder volcar esos fondos en el desarrollo de la economía y la producción del país. Pero una cosa es proclamarlo o comentarlo y otra llevarlo a cabo desde un Ejecutivo donde los comentaristas parecen ser más que los realizadores como ya lo advirtió la propia vicepresidenta.

Para llevar adelante ese objetivo habrá más de un escollo, algunos internos y otros externos. Entre los externos los controles del Fondo y la pelea por la independencia en las decisiones será diaria. En lo interno el Ejecutivo deberá resolver incluso algunas discrepancias entre hombres y mujeres del mismo sector. Un claro ejemplo es el debate permanente de modelo entre dos hombres, que ninguno de ellos puede ser tildado de seguidor de la vice presidenta, como lo son Matías Kulfas y Julián Domínguez. Mientras el primero apuesta a un sesgo fuertemente desarrollista de cambio de la matriz exportadora por una más industrializada, el segundo sigue atado a un modelo de crecimiento de las exportaciones primarizadas que solo aportan dólares, pero no desarrollo e independencia.

El proyecto de ley enviado a extraordinarias de promoción del sector agropecuario solo es un compendio de medidas de fomento y consolidación del sector que tiene la vaca atada de las exportaciones argentinas y que crece en su poder en las sombras.

Hoy el agro explica entre el 70 y el 75 por ciento de las exportaciones argentinas en dólares y casi el 80 por ciento en volumen. Uno de los retos que el Estado argentino tiene que encarar sin más, aprovechando este periodo donde debería haber cierta holgura y estabilidad financiera, es cambiar definitivamente esa ecuación. Las exportaciones primarias y de muy bajo valor agregado deberían representar no más de un 60 por ciento aproximadamente. Pero no porque se achiquen sino porque las exportaciones industriales, de tecnología y de valor agregado deben crecer y ganar espacio en la formación de la cartera del comercio exterior argentino.

Claro que no es fácil, para lograrlo no solo hacen falta políticas públicas activas, decisión política y financiamiento, sino que también el orden mundial presiona (una de sus formas mediante los organismo internacionales) para que esto no ocurra. No hace falta reiterar que la organización del mundo quiere permanecer inalterable. Se sabe quienes son los dueños de las exportaciones industriales y quienes los de las materias primas desde la Revolución Industrial para acá.

Además de estos desafíos que no son menores el Gobierno está jaqueado por una coyuntura acuciante en el tema inflacionario que puede dinamitar cualquier política. No es menor que hasta el propio Fondo haya reconocido que en la Argentina el fenómeno inflacionario es multicausal y quema todos los libros y papers sobre el tema, pero no alcanza.

Comienzan dos años de gobierno que muestran el camino un poco más despejado pero el Ejecutivo como conductor deberá muy atento y con los ojos muy abiertos porque se bien se fue la niebla el asfalto todavía está lleno de miguelitos.