Este finde de semana fue imputado el operador administrativo del Servicio de Emergencia Coordinado por omitir la ayuda a los turistas venezolanos que murieron intoxicados en un departamento de Ciudad. La acusación es por abandono de persona e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esperan una serie de medidas.
El fiscal Juan Ticheli, de la Fiscalía de Delitos no especializados, imputó al operador que fue identificado como Roque Comisso. Es un operador administrativo y tiene una antigüedad de cinco años como empleado en el Ministerio de Salud.
De acuerdo a las pruebas que se reunieron y que se analizaron, el letrado entendió que el trabajador no actuó como se debía, omitiendo la ayuda para enviar una ambulancia al departamento donde se hospedaban Carmen Tovar Nacuare (44) y su hijo, Valentino González Tovar (23), quienes murieron por inhalar monóxido de carbono a pesar de que llamaron para pedir ayuda.
Según se desprendió de la declaración de la directora del Servicio de Emergencia Coordinado y del protocolo sobre la actuación de acuerdo a este tipo de casos, Ticheli entendió que se requería otro tipo de actuación. En este caso, cuando Valentino González llamó al 911 y fue derivado con el operador del SEC donde pidió asistencia médica, el trabajador sólo le dijo que tenía que ir al hospital.
De acuerdo al protocolo, era un caso de "Código Amarillo", es decir, debía por lo menos haber enviado una ambulancia al hotel de calle San Juan al 1100. El operador lo tomó erróneamente como un "Código Verde".
Ese llamado de auxilio sucedió a las 0.47 del domingo 9 de enero, es decir, varias horas antes de que se produjera el hallazgo de los cadáveres y del menor de 5 años con vida. A raíz de las declaraciones, el audio del llamado y las pruebas, el fiscal lo imputó por el delito de abandono de persona en concurso ideal con incumplimiento de los deberes públicos.
Este delito prevé una pena de 2 a 6 años de cárcel en caso de ser hallado culpable. Sin embargo, es excarcelable por lo que quedó en libertad a la espera de la realización de la audiencia de prisión preventiva y la incorporación de pruebas (faltan los informes finales de las dos necropsias).
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