Es que según comentó a este medio la senadora Milagros Suarez (UCR) la funcionaria del gobierno ya concurrió a la comisión que controla los casinos de la provincia hace un par de meses pero generó un vacío informativo cuando se le preguntó sobre una serie de temas a los cuales no pudo dar respuesta y pidió algunos días para brindar detalles. No obstante, hasta hoy los legisladores no tienen novedades.
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El primero de los temas sobre los que el Senado tiene dudas que Martini no pudo responder es el de la implementación de la ley que estipula el cobro de una entrada a las salas de juegos para construir salas de 4 años.
La medida debía comenzar a regir hace más de 5 meses. Martini asegura que, aunque no cobran la entrada, el IPJYC deposita mensualmente un monto por cada persona que ingresa al Casino Provincial, pero no es lo que corresponde y además los privados no hacen lo mismo, explicó Milagros Suarez.
Por otro lado, un fallo de la Suprema Corte que data de febrero de este año estipula que la superficie de los casinos ubicados en hoteles no puede superar el 4% de la obra.
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No obstante, desde la UCR creen no sólo que el porcentaje de ocupación es mucho mayor a ese porcentaje, sino que se muestran preocupados por las ampliaciones que se están haciendo en algunas salas y denuncian pasividad y vista gorda por parte del Instituto.
El tercer caso sobre el que Martini deberá dar explicaciones es el de un casino en Vista Flores, Tunuyán, el cual en un pedido de informe previo realizado a principios de año no figuraba como habilitado para operar, a pesar de estar funcionando.
En el pedido de informe de todos los casinos legales de la provincia, el de un hotel privado de Vista Flores no figura. De palabra, Martini me dijo que está habilitado, pero como legisladora yo me llevo por lo que está escrito y esa sala de juegos figura como legal, señaló Suarez.
Finalmente, la renegociación de los contratos con la empresa Mendoza Central Emprendimientos para el funcionamiento de las maquinas tragamonedas es el último punto sobre el cual no se ha brindado demasiada información. Recordemos que la controversia comenzó porque en el nuevo contrato se estipula un aumento de casi el 100 por ciento del canon que se le paga a la empresa en la cual Daniel Vila tiene acciones.
