El juez Fernando Martínez condenó a siete meses de prisión -en suspenso- al exintendente de Luján de Cuyo Carlos López Puelles, al encontrarlo culpable del delito de "amenazas simples cometidas en contexto de violencia de género", por una denuncia que radicó la abogada Carolina Jacky en su contra por un mensaje intimidatorio que elevó el exfuncionario en una conversación telefónica que tuvo en 2017 con su expareja, Federica Boccia.
Según consta en el expediente, en pleno proceso de divorcio el exjefe comunal y su esposa dialogaban por celular y éste profirió palabras amenazantes para quien por entonces representaba civilmente y en el ámbito de la justicia familiar a Boccia. La mujer grabó la conversación. "Me voy a poner pollerita así los dos hacemos de trolos'. Dos bombitas como tetas y lo cago a trompadas porque es un hombre camuflado. Decile que lo voy a estar esperando", manifestó en la llamada.
Jacky es una reconocida abogada trans, especializada en temáticas de violencia de género y defensora de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. "Hay una doble discriminación por su condición de mujer trans. El juez entendió que era un acto claramente misógino, descalificador e intimidatorio", explicó la fiscal del caso, Mónica Fernández Poblet, en diálogo con Canal 7.
López Puelles fue intendente de Luján entre 2011 y 2015 (Foto: Prensa Luján de Cuyo)
La funcionaria judicial indicó que el delito de amenazas está justificado y se reveló durante la declaración de la denunciante en el debate oral: "Ella declara que tenía miedo a López Puelles, una persona poderosa, con contactos políticos y violenta".
Además de la condena penal, el magistrado le dictó al exintendente una prohibición de acercamiento hacia la abogada y la obligación de realizar un tratamiento psicológico. Pero la situación procesal de López Puelles puede complicarse aún más porque debe afrontar un nuevo proceso penal por una denuncia de Boccia por coacción, que de ser hallado culpable podría recibir una condena de dos a cuatros de cárcel.
Fernández Poblet, quien también está a cargo de la instrucción de esta segunda causa, explicó que se inició en 2017 en el marco del proceso de división de bienes de la pareja López Puelles/Boccia, cuando él la habría amenazado con revelar información privada si no aceptaba condiciones que "ella entiende como perjudiciales".
Asimismo, la fiscal elevó compulsa a Delitos Económicas para que se investigue un presunto enriquecimiento ilícito, que se habría destapado justamente a la hora de la división de bienes.
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