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Acusan a España de mentirle a Argentina sobre los crímenes de Franco
| Esteab Beltrán, tras presentar el informe. |
El documento lleva como título "Casos cerrados, heridas abiertas" y desmiente de forma tajante el informe que la Fiscalía General del Estado envió a Buenos Aires en junio del año pasado, en respuesta a un exhorto de la magistrada porteña, en el que afirmaba que los crímenes se estaban investigando en España. Incluso, el informe asegura que el país europeo omitió que el ex juez Baltasar Garzón estaba procesado precisamente por haber intentado abrir una investigación al respecto.
Amnistía Internacional asegura haber constatado que la mayoría de los 47 juzgados españoles que recibieron los casos tras la inhibición de la Audiencia Nacional en noviembre y diciembre de 2008 en la causa, archivaron "de plano sin que se haya realizado ningún tipo de investigación las denuncias de los familiares de los desaparecidos y que, además, los jueces ni siquiera le comunicaron a las víctimas ni a los propios fiscales, su decisión, con lo cual quedaba anulada cualquier posibilidad de recurrir el archivo.
Para Amnistía, esa actitud constituye una violación evidente del derecho a la justicia, que incluye la obligación del Estado de investigar graves violaciones de derechos humanos, el derecho a conocer la verdad -de las víctimas y de la comunidad internacional- y el derecho a la reparación.
Amnistía solicitó información de los juzgados territoriales que recibieron los casos tras la inhibición de la Audiencia Nacional y solo cuatro la facilitaron. La organización se dirigió entonces al Consejo General del Poder Judicial, a los fiscales de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, a la Fiscalía General del Estado, y a la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la dictadura que acaba de cerrar el Gobierno de Rajoy, entre otros, y solo el Tribunal Superior de Justicia de País Vasco facilitó la información solicitada.De los 21 casos a los que Amnistía tuvo finalmente acceso, los juzgados territoriales archivaron 17 y otros cuatro quedaron en suspenso hasta el reciente fallo del Tribunal Supremo (28 de marzo) que resuelve la cuestión de la competencia, atribuyéndosela a los juzgados territoriales aunque sin posibilidad de abrir investigaciones penales.
Pese a "la obstrucción de las autoridades judiciales para obtener información" que denuncia la ONG, la organización pudo constatar "el archivo sistemático" de casos sin practicar una sola diligencia alegando prescripción, ley de amnistía, fallecimiento de los responsables o existencia de la ley de memoria histórica.
En el informe entregado a Servini de Cubrìa, Amnistía Internacional analizó uno por uno los distintos motivos alegados por los jueces españoles para archivar las denuncias presentadas por los familiares de los desaparecidos del franquismo. Así, respecto a la prescripción, explica que el Código Penal, en consonancia con el derecho internacional, consagra en su artículo 131 (4) que "los delitos de lesa humanidad y de genocidio y los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado (...) no prescribirán en ningún caso".
Según fuentes de la ONG, la decisión de la justicia española de abandonar las investigaciones y la avanzada edad de la mayoría de los denunciantes terminó convirtiendo a nuestro país en la única garantía posible para que las víctimas del franquismo puedan obtener justicia, tal como señaló el coordinador del informe de Amnistía Internacional, Ignacio Jovtis. Confiamos en que la investigación argentina siga su curso y que el Tribunal Supremo rectifique, porque está incumpliendo el derecho internacional.
Fuente: Infonews
