Aunque se espera la reglamentación de la norma aprobada por el Senado en la noche de ayer, representantes de distintas áreas del Ejecutivo mendocino, de la delegación local del INADI y de los colectivos LGBT comenzaron a trabajar para ajustar los servicios que deberá prestar el Estado a fin de garantizar los derechos de las personas travestis, transgéneros, transexuales e intersexuales.
La Ley de Identidad de género promueve la no patologización, la no discriminación y la descriminalización de las identidades trans mediante la gestión e implementación de políticas públicas inclusivas.
En este marco, establece como derechos la posibilidad del cambio de nombre registral por decisión personal y el acceso integral a la salud y a prácticas médicas específicas a quienes conforman este colectivo.
Organismos públicos como el Registro Civil, los efectores de salud y las obras sociales deberán prepararse para dar respuesta a esta demanda que hasta hoy no contemplaban, ajustando sus procedimientos y capacitando a su personal .
Acompañarán este proceso en la Provincia, la delegación local del INADI y la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos, entidades que trabajan junto a las organizaciones que nuclean a gays, lesbianas, bisexuales y transexuales de Mendoza.
Horas antes de la aprobación de la Ley, representantes de distintas áreas del Ejecutivo mendocino, de la delegación local del INADI y de los colectivos LGBT comenzaron a trabajar en ese sentido.
Este primer encuentro fue encabezado por la subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos, María José Ubaldini; la subsecretaria de Relaciones Institucionales del Ministerio de Trabajo, Gobierno y Justicia, Fernanda Lacoste y la delegada del INADI, Valeria Martinez. Participaron también, la directora del área de Diversidad dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Alicia Prada, funcionarios del Ministerio de Salud y referentes del colectivo trans.
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