10 de septiembre de 2026
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coimas en la justicia federal

Confirman el procesamiento contra Bento y su defensa recurrirá a la "justicia internacional"

Por Pablo Segura

Los abogados defensores de Walter Bento, el juez federal que está acusado de ser líder de una asociación ilícita que pedía coimas a imputados para obtener beneficios, solicitaron al Consejo de la Magistratura de la Nación que intervenga en la causa, al entender que los tribunales que intervienen en la investigación "no son objetivos".

Los letrados desistieron de la apelación al entender que la Cámara Federal de Mendoza iba a rechazar el planteo al procesamiento que se dictó contra 22 imputados, entre ellos, el juez y su pareja, Marta Boiza. Por esto, desde el entorno del juez anticiparon que llevarán el caso a la "justicia internacional".

"La Cámara Federal de Mendoza no es un tribunal imparcial. La resolución que confirma nuestros procesamientos ya está escrita (desde hace semanas o tal vez meses), no interesa la verdad, no se examinan nunca nuestros fundamentos y se recurre a la arbitrariedad. Llo único que interesa es el desplazamiento del doctor Bento del cargo que ejerce por concurso y condicionar su función como magistrado de la Nación a través de un proceso ilegítimo", afirmaron los abogados que defienden al juez investigado.

En ese sentido, desde la defensa insistieron en que existe una "estrategia de lawfare orquestada por el poder político", con el objetivo de "perseguir" al magistrado.

Para la defensa, si el caso es analizado por un tribunal nacional objetivo, "no hay dudas que Bento será absuelto".

"Fuimos condenados con mentiras sin juicio a través de una operación de prensa planificada", aseguraron los abogados, quienes anticiparon que, de ser necesario, llevarán el caso hasta "tribunales internacionales".

La defensa de Walter Bento en cada uno de los 8 casos que se investiga en la causa. 

La mega causa que investiga el fiscal Dante Vega, con el asesoramiento del juez Eduardo Puigdéngolas, tiene a 22 procesados, varios de ellos por asociación ilícita, en tanto que el resto son señalados por cohecho.

En la resolución dictada por el fiscal, la cual fue avalada por la Cámara, se ordenaron embargos millonarios a cada uno de los sospechosos de la causa. 

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