Cumplido el trámite de someter a audiencia pública un ajuste tarifario, el primero del año, que impactará en un 15% en las facturas para casi 76 mil usuarios residenciales, pequeños comercios e industrias en Mendoza, las distribuidoras eléctricas no quieren perder tiempo. Es que en julio inicia la gestión para avanzar en un segundo aumento, en este caso por el semestre posterior a marzo del 2021.
- Sitio Andino >
- Economía >
En julio inicia otro proceso de ajuste de tarifa eléctrica: ¿qué piden las empresas?
De hecho, algunas ya empezaron a "hacer los deberes" (léase, elaborar sus estudios de costos) para justificar los nuevos pedidos de actualización del VAD (Valor Agregado de Distribución). Sin olvidar un ítem que viene de arrastre y acumulándose: los Ingresos No Percibidos por las distintas fases de congelamiento tarifario y desfasajes entre lo solicitado y lo autorizado por la Provincia como poder concedente del servicio, a través del Epre.
"En julio se pone en marcha un nuevo proceso, en este caso por el segundo semestre del año", confirmaron desde el ente regulador con el hecho consumado de la audiencia pública que, como en otras ocasiones, ahora deberá cerrarse con el decreto reglamentario del gobernador Suarez. Decisión que los más optimistas estiman que llevará al menos 2 meses.
Por su parte, las distribuidoras se aferran al retraso en la aplicación de los últimos ajustes del VAD, que normalmente equivale a un 40% del importe final de cada factura, unos 11 puntos más que el promedio nacional (36% es costo de abastecimiento, la energía que se compra al mercado mayorista, y otro 24% impuestos). Y aseguran que el discutido el miércoles 30 debió haber entrado en vigencia desde febrero, si se tiene en cuenta que en enero se aplicó uno pero con costos a octubre del 2020. Y que el próximo debería aplicarse a partir de agosto.
Frecuencia y "razonabilidad"
Según el estudio del Epre, el próximo ajuste (a definir) llegará cuando las tarifas se hayan actualizado entre 10% (para Grandes Demandas, de más de 300 kw) y 15% para pequeños usuarios según lo expuesto en la audiencia del miércoles.
Con un 20% de VAD asegurado por el período anterior (entre 8 y 10% más en las facturas para sus 67.909 clientes) Cooperativa Eléctrica Godoy Cruz, a través de su área financiera, es una de las que ya puso en marcha el nuevo estudio de costos con el detalle del impacto inflacionario en los distintos insumos como también de las paritarias del sector.
Al respecto, sin arriesgar cifras, Julio Gallego, gerente operativo de la empresa, rescató que "para facilitar la subsistencia de las empresas prestadoras frente a una inflación que nadie desconoce, y evitar que un aumento tan violento, se dispuso que la actualización del VAD sea cada seis meses. Quisiéramos que fuera con la frecuencia de los combustibles, pero en este momento es imposible".
Es el mecanismo previsto entre cada RTI (Revisión Tarifaria Integral) que se hace cada 5 años. Sucede que en el medio "pasaron cosas", según la frase que patentó un ex funcionario, que descalibraron esos plazos: la más reciente, ni más ni menos que una pandemia que derivó en un congelamiento de tarifas de los servicios durante el 2020. Y en un menor consumo, frente a lo cual Gallego pidió "razonabilidad" al ente regulador frente a la próxima evaluación de costos.
Edemsa está en línea con el planteo. De hecho, su gerente financiero, Andrés Carnevale, retomó un pedido que viene de la discusión anterior: acortar la actualización tarifaria de 6 a 3 meses.
"Resulta evidente que disminuir el tiempo de los ajustes permite acompañar los ingresos con la variación de costos, y no afectar la eficiencia y calidad del servicio. Pero además contar con períodos más cortos ayudaría a disminuir el impacto para los usuarios en cada una de las aplicaciones", señaló Carnevale.
Audiencia pública: entre números y el reclamo de usuarios y productores
Más allá de las presentaciones, las empresas también contaron con respaldo de ADEERA (Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica de la República Argentina), que recogió ese pedido de razonabilidad, frente a tres argumentos: inflación, caída de la demanda y aumento de morosidad.
"Las tarifas deben ser justas y razonables, y las variaciones de costos que las distribuidoras no pueden controlar deben trasladarse a tarifas, aunque estamos discutiendo el incremento por inflación y el recálculo de los cuadros tarifarios, y no una revisión integral", señaló el gerente de la entidad, Claudio Bulacio, para sostener el retraso del VAD, además de criticar el congelamiento tarifario por su impacto en la calidad del servicio (cantidad y duración de los cortes).
En números comparativos, la entidad mostró que un usuario mendocino paga menos que otros de la región: $1.542 para un consumo promedio de 200 kw, el análisis lo ubica por debajo de uno de La Paz (Bolivia), que abona $2.100, y bastante lejos de un brasilero ($4.121) o un chileno ($4.523) entre otros en América del Sur, además de destacar que la incidencia del servicio eléctrico en comercios e industrias es sólo 3%. Y que el usuario paga un 35% del costo de generación.
A los planteos y la aspiración de las distribuidoras de una recomposición durante la audiencia se contrapusieron a los de la figura del triunvirato que encarnó al Defensor del Usuario, que bien pueden replicarse de cara al próximo pedido de aumento semestral.
Una de sus integrantes, Romina Ríos, presidente de la ONG Protectora, expuso que "de acuerdo a lo que consta en el expediente que ha trabajado el Epre no existe un atraso tarifario ni se observan pérdidas para las empresas. Tampoco vemos un esfuerzo tan grande, que sí vemos que lo hacen los usuarios".
Asimismo, Ríos condicionó el tratamiento a que la principal distribuidora eléctrica provincial, Edemsa, suscriba un plan de regularización de su deuda de más de $4.000 millones por compra de energía con Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista). "Hasta tanto eso no se concrete, y se pueda ver cómo beneficia a los usuarios, el ajuste debería quedar en suspenso", explicó.
Por su parte, para Nicolás Vicchi, también parte del Defensor del Usuario en representación del sector agrícola como gerente de Acovi, visibilizó cómo los costos de energía para riego intrafincas supera desde hace mucho los ingresos para más de 8.700 regantes. Y "ha provocado una descapitalización de los pequeños productores y perjudicando la realización de actividades agrícolas necesarias para incrementar la productividad", atribuyéndole la pérdida de 10 mil hectáreas vitícolas (1.500 viñedos) en 5 años.
Concretamente, en cálculos de Acovi, el riego con pozo se encareció casi 50% interanual a mayo último, y la tarifa acumula 727% desde 2017. Hoy, a razón de $32.896 por hectárea, supera en 48% al costo de riego superficial, una brecha 8% superior a la que se registraba para la misma época del 2020, lo que la convierte en la 4ta actividad con mayor incidencia en los costos.