ETA, a la que el gobierno español exige la disolución tras anunciar en octubre el fin de sus atentados, "está preparada para dialogar", afirmaron el viernes expertos internacionales que mantuvieron "contactos directos" con la organización armada independentista vasca.
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Según los expertos, ETA está "preparada para dialogar"
Los miembros de la Comisión Internacional de Verificación aseguraron que el grupo terrorista vasco estaría dispuesto a profundizar el proceso de desarme luego de mantener "contactos directos" con los separatistas.
La organización, que lleva desde agosto de 2009 sin cometer atentados en territorio español, no ha evocado sin embargo la posibilidad de una disolución.
En una entrevista al diario independentista vasco Gara en noviembre, dos responsables de ETA anunciaron su disposición a negociar una entrega de las armas a condición de que este proceso fuese acompañado de "la vuelta a casa de todos los presos y presas vascos".
ETA tiene a unos 700 de sus miembros diseminados por las cárceles de España y Francia.
La CIV está formada por el ex ministro sudafricano de Inteligencia Ronnie Kasrils, el ex secretario general de Interpol Ray Kendall, el ex director político de la oficina de Irlanda del Norte en el Reino Unido Chris Maccabe, el ex asesor del proceso de paz en Sri Lanka Ram Manikkalingam y el general indio Satish Nambiar.
En su visita, durante la que se reunió con numerosos agentes políticos y sociales vascos, "la CIV ha podido constatar que ETA continúa respetando sus compromisos con el fin de la violencia", precisó.
El anuncio fue recibido con frialdad por el gobierno de Madrid, que ya anunció que sólo aceptará que la organización se disuelva sin condiciones.
"El gobierno no necesita de verificadores internacionales para comprobar si ETA se disuelve", manifestó el ministerio del Interior español en un breve comunicado.
"Con la Guardia Civil y la Policía se ha derrotado a ETA y con ellas es suficiente para verificar una eventual disolución de la organización terrorista", agregó.
ETA había adoptado en octubre "el compromiso de colaborar con la Comisión Internacional de Verificación" al tiempo que llamaba a los gobiernos de España y Francia a reconocer a este grupo de expertos internacionales.
Los ejecutivos españoles siempre han rechazado la verificación internacional, asegurando que la comprobación del alto el fuego de ETA sólo puede ser llevada a cabo por la policía.
"La política antiterrorista que tiene este gobierno es muy clara. Este Gobierno no va a negociar con los terroristas", afirmó el viernes la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría antes de conocerse las declaraciones de la CIV.
