El diputado nacional por Mendoza, José Luis Ramón sufrió un revés por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que terminó confirmando una sanción contra él, que viene de larga data. Aunque el motivo del rechazo al planteo es realmente insólito.
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Ramón y el insólito error por el que la Corte confirmó su suspensión como abogado
Así, el máximo tribunal de justicia del país, al que el legislador nacional de Protectora había recurrido tras haber pasado previamente por la Suprema Corte de Mendoza, ratificó la suspensión de 20 días de su matrícula de abogado.
Esto se debe a una sanción emitida en el año 2019 por el Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Abogados. La decisión fue ratificada por la Sala Tercera de la Corte provincial que apoyó la sanción al rechazar una Acción Procesal Administrativa del legislador nacional.
Posteriormente, en un fallo de la Sala Segunda de la Suprema Corte de Justicia y que tiene la firma de en disidencia de José Valerio, y a favor de Mario Adaro y Julio Gómez se hizo lugar al recurso de apelación extraordinario ante la Corte Nacional, realizado por el propio Ramón.
Por eso, el diputado nacional fue a la Corte nacional para pedir la nulidad de la sanción de la institución que regula la actividad de los abogados, y que le dictó esta sanción por una conducta contraria a la ética profesional. Pero, las cosas no salieron como él esperaba y el fallo que lleva la firma de los jueces Carlos Rosenkratz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosati, le salió en contra
"Considerando: Que el recurso extraordinario es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Por ello, se declara mal concedido el recurso extraordinario. Con costas. Notifíquese y devuélvanse las actuaciones al tribunal de origen", dice la página 1 del fallo con fecha del 3 de junio de 2021. ()
Pero, lo más insólito es la argumentación a esta decisión de los jueces nacionales: "Que el apelante no cumplió con el requisito previsto en el art. 1° del reglamento aprobado por acordada 4/2007 (ver abajo), pues el recurso extraordinario excede el número máximo de renglones permitido. Por ello, se rechaza el recurso extraordinario. Con costas. Notifíquese y devuélvanse las actuaciones al tribunal de origen".
Así, la sanción contra Ramón queda firme para el ejercicio de su actividad privada. Todo este brete para el líder de Protectora comenzó en 2004, cuando fue denunciado por una clienta por, supuestamente, no haberla defendido bien en un juicio y haberle cobrado más de lo que correspondía. En concreto: fue acusado por "no haber cumplido con las instrucciones impartidas por su clienta de abonar al cesionario Solanes la suma de $21.847 porque era su deber como abogado asesorarla respecto de la nulidad del contrato celebrado en estado de necesidad contraviniendo las disposiciones legales y b) haber retenido en su propio interés la suma de $15.150 en concepto de pago de honorarios por convenio de cuota litis, sin acreditar el respectivo convenio y excediendo el porcentaje del 20% previsto para los juicios laborales y que fueron en definitiva estos hechos por los cuales fue sancionado".
Por estos hechos el Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial resolvió suspenderle la matrícula por 20 días y ahí se inició la batalla legal que recién ahora llegó a su fin. La sanción fue ratificada luego por la Federación Argentina de Colegios de Abogados, y hasta por Fiscalía de Estado, ya que allí se originó la denuncia contra el legislador.
"La actuación es administrativa tuvo su comienzo en el año 2010, a partir de la denuncia hecha por la señora Blanca Riveros, quien ha sido y es mi clienta desde hace muchos años", dijo tiempo atrás Ramón, y aseguró en ese entonces que fue sancionado "sin pruebas".
La Acordada 4/2007 es la formalización del Reglamento sobre los Escritos de Interposición del Recurso Extraordinario y del Recurso de Queja por denegación de aquél, que aprobó la Suprema Corte de Justicia.
Es algo formal, un ordenamiento "con el objeto de catalogar los diversos requisitos que, con arreglo a reiterados y conocidos precedentes, hacen a la admisiblidad formal de los escritos mediante los cuales se interponen el recurso extraordinario que prevé el art. 14 de la ley 48 y, ante su denegación, la presentación directa que contempla el artículo 285 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación".
Son "reglamentos necesarios para la ordenada tramitación de los pleitos, facultad que diversos textos legislativos han mantenido inalterada para procurar la mejor administración de justicia (art. 10 de la ley 4055; art. 21 del decreto ley 1285/58; art. 4º, ley 25.488); y que, con particular referencia a los escritos de que se trata, justifica la sistematización que se lleva a cabo como un provechoso instrumento para permitir a los justiciables el fiel cumplimiento de los requisitos que, como regla, condicionan el ejercicio de la jurisdicción constitucional que este Tribunal ha considerado como eminente", argumenta esa acordada, de marzo del 2007.