La semana pasada, en esta misma columna, dimos cuenta de las complejidades que enfrenta el regreso a clase para el ciclo lectivo 2021 luego de la virtualidad predominante del 2020. Este meollo no es exclusivo de Mendoza y se repite en cada uno de los distritos del país, lo que habilita también la intervención, esa necesaria orientación que debería marcar la postura del Ministerio de Educación de la Nación.
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Clases confirmadas: conflictos en puerta y vacunas en duda
Por Luis Ábrego- Entre Paréntesis.
Justamente, y en plan de coordinar esfuerzos y conocer particularidades de cada provincia, pasó días atrás por Mendoza el ministro nacional, Nicolás Trotta. La visita había sido anunciada con anticipación y por ello, Rodolfo Suárez se esforzó por intentar tener el escenario local lo más allanado posible.
Ya en la previa, Casa de Gobierno había dejado trascender la evidente predisposición oficial a favorecer el retorno a clases en Mendoza como parte de su política de apertura de actividades, con protocolos y modalidades establecidas, sin descartar tampoco esquemas mixtos, como la bimodalidad: virtual y presencial.
Es por ello que el gobernador se anticipó a ratificar la fecha de inicio de clases presenciales prevista para el 1 de marzo y la anterior del 10 de febrero para aquellos alumnos que en 2020 han tenido "trayectorias débiles", ya sea por falta de conectividad o incumplimiento de los objetivos académicos delineados desde la Dirección General de Escuelas (DGE).
En el Gobierno entienden que gran parte de la situación sanitaria que hoy tiene la provincia, con los casos detectados de Covid-19 estabilizados en una meseta que ronda los 130 nuevos contagios diarios, se debe tanto a la prédica oficial como a los cuidados personales y sociales que han permitido en todo este tiempo el gradual recupero de actividades en Mendoza casi al mismo nivel prepandemia. Y que la educación no debe ser una excepción.
De hecho, el Gobierno evitó esta semana otra singular arista del conflicto educativo al igualar las condiciones de aumento para docentes y celadores a la de otros gremios estatales que sí habían aceptado el acuerdo paritario propuesto: 20% en tres cuotas y un bono de 54 mil pesos; algo que los maestros rechazaron expresamente.
El Ejecutivo adujo haber escuchado a sectores de la educación que dijeron no sentirse representados por la negativa sindical y a los que se buscó no castigar con el salario. Pero lo cierto es que es una decisión que claramente apunta a restringir el marco de acción del convulsionado Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (Sute) que por estos días además atraviesa otras tensiones políticas derivadas del próximo proceso electoral que dirimirá la futura conducción sindical.
Por lo pronto, la suerte de los maestros (que aún así siguen rechazando el acuerdo que alcanzaron 14 de 17 gremios estatales) no es -por ahora- el de los otros dos sectores díscolos: Judiciales y Juegos y Casinos que siguen corriendo el riesgo de que el aumento para 2021 no contemple los 54 mil pesos que el resto de los estatales percibirá en cuotas desde el cobro del mes de enero, es decir, en unos días más.
Tanto Judiciales como los trabajadores de Juegos y Casinos, ahora también más debilitados ante el cambio de las reglas de juego para los docentes con los que habían hecho un bloque común, anticiparon que de quedar excluidos en un decreto del bono que ellos mismos rechazaron en la negociación, lo cuestionarán en diversos ámbitos, incluso la Justicia. Un escenario en el que cada día que transcurra propicia (o apura) un laudo extra paritario vía decreto -que como en el caso de los maestros- quedará a consideración y oportunidad de Suárez.
En el Gobierno apuestan que si logran desactivar las demandas sindicales el inicio de clases en Mendoza podrá sostenerse además de la decisión política, en los protocolos y recomendaciones que incluirán la opinión de los directores de escuelas para contemplar en la medida de lo posible las diversas realidades departamentales, geográficas, edilicias o sociales.
Por su parte, los gremios consideran que no están dadas las condiciones para el regreso a clases, ni desde lo sanitario ni tampoco desde la infraestructura de las escuelas. Y de hecho también ratificaron su negativa al inicio del ciclo lectivo. "Mendoza está en conflicto y por lo tanto no hay inicio de clases en esta provincia", aseguraron representantes del Sute en la previa de su encuentro con Trotta.
Pero, especialmente, todos se esperanzan en el avance de la vacunación (voluntaria) tanto de docentes como de personal de apoyo escolar según lo ha prometido el Gobierno nacional y que se estima pueda concretarse luego de que las primeras dosis fueran asignadas para el personal sanitario.
Sin embargo, en lo específicamente en lo relacionado con el plan de vacunación las dudas de los sindicalistas coinciden con las de los funcionarios. Aún no hay claridad de cuántos agentes sanitarios todavía falta vacunar (se estima que el 50%) y cómo se distribuirán las próximas dosis de arribo previsto al país para esta semana.
Para que las expectativas oficiales puedan cumplirse en relación con el inicio de las clases sería necesario vacunar hasta el 10 febrero y excepcionalmente el 1 de marzo, a cerca de 50 mil personas del sistema educativo, cuando hasta el momento sólo se ha vacunado en Mendoza a menos de 8 mil con las dos dosis establecidas de la Sputnik V. Un panorama que, a escala, se repite en todo el país.
De allí que el propio Trotta haya desestimado públicamente que la vacuna sea "condición indispensable" para el regreso escalonado a clases para empezar a hablar de una "presencialidad cuidada". Una esquina en la que el gobierno de Alberto Fernández parece coincidir con el de Suárez para evitar tener otro año más sin clases: "Sería un atraso para el país", resume el gobernador cuando le consultan.
Un planteo que también va en línea con la reciente recomendación de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) para quienes desde el punto de vista estrictamente médico, "es imprescindible la vuelta a las escuelas en la modalidad presencial". El aislamiento ha impactado en niños y adolescentes que han visto debilitados en este tiempo sus habilidades emocionales y sociales, incluso físicas, como también ya advirtió Unicef. Y la SAP hasta se aventuró a zanjar un argumento en ciernes que también esbozan los sindicatos: "Las escuelas no son un factor en el brote pandémico y los beneficios sociales son mayores" señalaron en un documento.
Será necesario entonces aunar criterios generales e intereses sectoriales para garantizarles a nuestros niños la mayor presencialidad posible. Esa que debería estar al margen de grietas, las disputas políticas, los colores partidarios o las internas sindicales. Un desafío que, por ahora, tal vez aparece como más difícil que abrir las escuelas.