La agencia calificadora de riesgo Moodys sostuvo que la expropiación de YPF es negativa para la compañía petrolera, para su ex controlante Repsol, para las empresas españolas con inversiones en la Argentina y para la nota de la deuda soberana del país.
En varios comunicados, la agencia dijo que "la esperada aprobación parlamentaria de la expropiación es negativa para el crédito de YPF y de Repsol".
Más adelante, la agencia subraya que las acciones en manos del gobierno nublan el futuro de YPF e indican un ambiente político y empresarial altamente impredecible. La principal prioridad del gobierno parece ser el aumento de la producción de petróleo y gas natural, al haber declarado el interés nacional en la autosuficiencia de hidrocarburos.