La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha anunciado una reforma de la ley de extranjería para impedir que los que están en situación irregular accedan a la atención sanitaria. El padrón no les bastará. Necesitarán la residencia fiscal, ha dicho la ministra. En aclaraciones posteriores concretó más la propuesta, destinada a evitar abusos.
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España le niega la atención sanitaria a los inmigrantes ilegales
La idea es volver a la situación anterior a la reforma de la ley de extranjería del año 2000, cuando el Gobierno de Aznar permitió que los inmigrantes en situación irregular tuvieran acceso a la tarjeta sanitaria con el único requisito de estar empadronados. Hasta entonces, solo los menores, las embarazadas y las urgencias eran atendidas en el sistema nacional de salud. Ahora, se va a volver a esa situación. Mato cuantifica el ahorro en 500 millones de euros.
También explicó la ministra que se exigiría reciprocidad a los países, de manera que solo se dará la prestación en España que los españoles puedan recibir fuera. Con eso y un mayor control de la atención que reciben los residentes extranjeros, se esperan ahorrar otros 971 millones, según la ministra.
La medida forma parte del paquete de medidas anunciadas el miércoles y aprobadas hoy por real decreto ley en el Consejo de Ministros, con las que el Gobierno asegura que se ahorrarán más de 7.000 millones de euros. La reforma también incluye el control del denominado "turismo sanitario" y "fraudulento", mediante la inclusión de una directriz europea que prohíbe viajar exclusivamente para recibir atención sanitaria.
El Consejo de Ministros también ha aprobado la reforma del copago de los medicamentos en función de la renta, también anunciada el miércoles. De este modo, los pensionistas, que hasta ahora no pagarán nada, a partir de ahora tendrán que abonar con carácter general un 10% del precio de las medicinas, con un tope de entre 8 y 18 euros. El nuevo sistema podrá empezar a funcionar en un plazo de dos meses.
El decreto sienta además las bases para establecer una cartera de servicios común que elimine las diferencias entre las prestaciones que reciben los españoles en cada comunidad autónoma, así como una plataforma de compras centralizada para fármacos y tecnología. El fomento del uso de los genéricos, la adecuación de los envases a los tratamientos son otras actuaciones previstas para ahorrar en medicamentos. En este apartado, la ministra ha deslizado un detalle que no queda claro: la fijación de precios de referencia y precios seleccionados para abaratar las medicinas, que apunta a medidas como el establecimiento de un catálogo oficial (como ya hizo Galicia) o la renegociación de los precios con los laboratorios.
Además, el Gobierno pretende ahorrar otros 500 millones en recursos humanos. Para ello, se facilitará la movilidad de los profesionales entre los servicios de salud mediante la elaboración de un catálogo homogéneo de categorías.
Fuente: El País
