La confirmación ayer de que Mendoza vuelve a la fase de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) luego que -polémica mediante- estuviera incluida entre las provincias con Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) fue un hecho muy festejado en Casa de Gobierno.
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Mejor distanciados que aislados
Por Luis Ábrego- Entre Paréntesis
Desde el 12 de octubre el Gran Mendoza, junto a los departamentos de Tunuyán y Tupungato fue incluido por decreto presidencial en el régimen de ASPO. Y a partir de esa decisión no sólo se restringió el margen de maniobra para el gobierno provincial, sino que además comenzaron a producirse roces, no exentos de interpretaciones políticas en virtud de alineamientos partidarios, pero también de visiones más o menos aperturistas de la cuarentena.
En realidad, el nuevo decreto nacional no hizo más que coincidir sobre las expectativas que en el propio gobierno de Rodolfo Suárez se fueron tejiendo a lo largo de toda la semana. Incluso, con la nota que el gobernador le dirigió el jueves al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en la que pidió ese cambio de calificación en virtud de la "curva de contagio amesetada, la baja tasa de letalidad (1,62%) y la tasa de duplicación que a la fecha se encuentra en más de 60 (sesenta) días", entre otras consideraciones; a la vez que reiteró la solicitud de la excepción de actividades, así como la habilitación del Paso Cristo Redentor y el transporte de pasajeros.
El optimismo oficial tras el anuncio nacional tenía razones de peso y en Casa de Gobierno destacaron ayer esa nota anticipatoria de Suárez. Efectivamente, en los últimos días se observó una notable disminución de casos en la provincia, que se ubicaron en un promedio diario de 500, luego de que en octubre -por ejemplo- incluso trepara a los 900 por día. Lo mismo puede decirse del índice de positividad, que cayó del 45 al 30%. Aunque también del registro de ocupación de camas de terapia intensiva, otro de los indicadores clave, que logró descomprimirse al 79,15% en el Gran Mendoza y al 70,89% en el resto de la provincia.
Pero no solo eso: el viernes por la tarde noche, el parte oficial que surge del Sistema Integrado de Información Sanitaria (SISA) develó un análisis significativo que muy pocos de los que siguen día a día los números habían reparado. Por primera vez desde que se desató la pandemia en la provincia, el número de los pacientes recuperados superó al de los contagios diarios: 544 recuperados contra 503 nuevos casos detectados. El alivio era evidente y se expresaba por diversas vías.
En realidad, más allá de la mejora estadística, el Gobierno celebró la posibilidad de poder volver a decidir sobre la administración de la cuarentena sin necesidad de acudir a la Casa Rosada. Una potestad que le trajo no pocos sinsabores, en especial con la Nación, en pos de mantener ese equilibrio entre salud y economía que hoy le permite mostrar estos datos pero con una economía funcionando casi a pleno. Incluso, fue una de las críticas que esgrimió la semana pasada el Partido Demócrata (PD) en su portazo cuando acusó a Suárez de "arrodillarse" ante la Nación para "restringir las libertades" de los mendocinos.
De hecho, se especula que ahora los pedidos más recientes de habilitaciones de sectores realizados a la Nación y que todavía están en el limbo (actividades culturales, religiosas, algunas deportivas y hasta las reuniones familiares, aún sin autorización) puedan tener en el corto plazo, definiciones favorables de acuerdo a la opinión de los intendentes y los protocolos necesarios para cada caso, sin depender de las explicaciones a Cafiero.
Lo mismo podría esperarse para una muy puntual vuelta a clases, tal como anticipó ayer el propio Suárez, por ejemplo para los alumnos de 5to. año del secundario a fin de "normalizar" su egreso en vista a su paso hacia la Universidad. Pero no habría que descartar tampoco que en los próximos días se avance de la misma manera para los chicos de 7mo. grado de la primaria, así como algunas acciones de apoyo escolar para niños con dificultades o instancias prácticas. Una necesaria revinculación que podría concretarse antes del fin del ciclo lectivo.
Esta nueva ventaja que supone el status sanitario en DISPO diferencia a Mendoza en la región de Cuyo (ya que tanto San Juan como San Luis siguen en ASPO) y la coloca junto a la por momentos castigada Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y Córdoba entre los conglomerados más grandes del país en esa situación (ya que Santa Fe también continúa en ASPO).
Sin embargo, la realidad nunca implica plena fortuna. Menos para quienes tienen que gobernar. La mejora en la situación epidemiológica contrasta con aquellas carencias que ya existían antes de la pandemia, y que por su imperio, se han agravado en este tiempo. Principalmente, las restricciones presupuestarias para el manejo del Estado, y en particular, con las demandas de los empleados públicos.
Esta semana también la Justicia, a través de la Séptima Cámara del Trabajo, obligó al Estado a reabrir la discusión paritaria que la pandemia había suspendido. El fallo, del cual el Gobierno todavía no ha sido notificado, es en respuesta a un planteo del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) que obligó a cambiar la estrategia que el Gobierno había mantenido hasta el momento, alegando la necesidad de priorizar el foco sanitario, pero también la caída de la recaudación que -asegura- le impide una actualización de los salarios.
Y si bien el acatamiento del fallo será en los términos que él mismo prevé, se anticipa que no será con el resultado que los dirigentes sindicales ansían. A través del ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez se confirmó la voluntad de recuperar el diálogo, incluso con el resto de los gremios estatales para habilitar encuentros virtuales, pero con una seria advertencia: "No estamos en condiciones de formular una propuesta de aumento salarial", dijo el funcionario desde su aislamiento tras haber dado positivo de Covid-19.
El razonamiento oficial parte de la base que la reapertura de paritarias no obliga a presentar una propuesta de aumento "ni tampoco al gremio a aceptar", dijo Ibáñez a Sitio Andino. Y en la misma frase también desestimó otra de las esperanzas de los estatales en sus distintos niveles, más en épocas de crisis: un bono especial que compense eventuales pérdidas de poder adquisitivo. Eso sí, dejó habilitada la discusión para avanzar en aspectos no salariales. Un ítem que incluye la demanda sindical pero que no es la razón de ser del planteo, que es básicamente, de un aumento.
De hecho, argumenta el Gobierno, todavía no concluye con el cronograma extendido del pago del aguinaldo y ya el próximo mes debe hacer frente a la segunda cuota que prevé también postergaciones y escalonamientos, en sintonía con la depresión económica y la pérdida de recursos del Estado producto de la pandemia.
La disputa aparece como muy dura, pero en el Ejecutivo aducen que en este año "hay gente que perdió el laburo... es muy injusto no contemplar la situación general y ver sólo desde la comodidad de tener el sueldo asegurado a fin de mes". Y en esa misma línea de razonamiento ya dan por cerrado el 2020 desde el punto de vista salarial para poner todo el esfuerzo en la continuidad de la lucha contra la pandemia. Una prioridad que luce correcta pero a la que el interés particular puede incluso desafiar. Aún aislados o distanciados.