La Suprema Corte de Justicia de Mendoza acordó con el Procurador y la Defensora General agilizar al menos 400 expedientes para definir los pedidos de prisión domiciliaria que han solicitado presos que están en el grupo de riesgo por el coronavirus, al tener más de 60 años o sufrir una enfermedad.
Las partes mantuvieron reuniones y este miércoles por la tarde acordaron "pautas de trabajo para la agilización de los trámites", en base a 400 pedidos de abogados defensores por internos que quieren acceder a ese régimen, por ejemplo, el empresario Dionisio Elmelaj recientemente condenado a 32 años de cárcel por el homicidio de Emir Cuattoni.
Según se informó, los pedidos son de mayores de 60 años o personas que sufren distintos tipos de enfermedades, quienes para cumplir el beneficio usarían pulseras magnéticas. Cabe recordar que hasta el momento no existen casos sospechosos de Covid-19 en ninguna de las cárceles de la provincia.
No obstante, las autoridades pidieron una "protección especial" para las víctimas de delitos en contexto de violencia de género y de agresión sexual, por lo que en ese caso prometieron reforzar las encuestas ambientales para resolver el conflicto.
Por su parte, recomendaron a los investigadores judiciales que al definir la detención de una persona "se consideren medidas alternativas a la privación de libertad", de acuerdo a distintos criterios de evaluación que son enumerados en el fallo, entre ellos, la naturaleza de los delitos (ver abajo).
Ante la posibilidad de que muchos internos accedan a la domiciliaria, el acuerdo establece la utilización de pulseras que hasta ahora eran usadas por otros detenidos y que en el último tiempo cumplieron las pautas de conducta.
El acuerdo fue firmado por los jueces de la Corte, entre ellos el presidente Jorge Nanclares, el Procurador Alejandro Gullé y la Defensora General, Mariana Silvestri.
Leé el acuerdo completo:
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