La decisión estaba tomada y se oficializó el viernes por la noche. Todo el país ingresó a la "Fase 3" del denominado "aislamiento social, preventivo y obligatorio", un título tan largo que hasta al propio Alberto Fernández le cuesta recordar. Hasta el 26 de abril regirá una "cuarentena administrada" en la cual algunas actividades puntuales podrán liberarse, así como algunos pueblos o ciudades a propuesta de los gobernadores en un futuro estudio caso por caso (algo que en gobierno provincial estiman que no sólo es de difícil control, sino de resultados anárquicos).
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Cuarentena administrada (miseria también)
Por Luis Ábrego - Entre Paréntesis
Lo cierto es que el encierro no sólo trae consigo esa sensación de abrumo psicológico, si no y fundamentalmente, la ansiedad más mundana que implica la falta de productividad pensando en las obligaciones presentes y futuras.
Fue el propio presidente quien se embretó al dejar demasiado en un segundo plano a la economía en estas circunstancias en donde se juega la vida o la muerte, y donde obviamente, todos preferimos la vida. Entendió que daba así un mensaje a quienes aborrecen al mercado, pero no mensuró que ya sea que las cosas salgan bien o mal al fin de esta historia, para "poner a la Argentina de pie" hay que producir. Y que si ello se dificulta, también será de vida o muerte y tal vez entonces ya no se podrá elegir.
Es tentador asegurar que en esta coyuntura "nos salvará el Estado y no el mercado", pero si ese salvavidas es únicamente forzando la maquinita de la emisión monetaria, la salida será algo más que un eslogan: un plan de cuotas cuyo premio final también es de lenta agonía. De hecho, al 30 de marzo el Banco Central ya había emitido casi 400 mil millones de pesos. Eso significa el 82% de todo lo emitido el año pasado y el 97% de lo del 2018.
Podrá decirse que esa no es hoy la urgencia y que en todo caso habrá tiempo para idear salidas ante el escenario económico devastado que quedará, pero mientras eso sucede, hay miles de trabajadores informales que no tienen ingresos, otros tantos (incluso formales) que vieron disminuidos sus salarios y cientos de miles de pymes y empresas de diverso tamaño que no pueden hacer ni una cosa ni la otra: ni pagar sueldos ni mucho menos impuestos. O que no garantizan su subsistencia mucho más tiempo.
Aquí, la Unión Industrial de Mendoza (UIM) ha planteado que el sector público acompañe el esfuerzo que de manera compulsiva está haciendo el sector privado "más allá de la rebaja simbólica de sueldos de funcionarios". Una decisión que parece menor y que es atacada por fomentar "la antipolítica" o menospreciar el rol del Estado o de quienes lo administran; pero que sin embargo permitió que esta semana llegaran a la provincia 10 mil reactivos para el coronavirus que se importaron de Corea del Sur. A veces, los símbolos de austeridad trascienden el imaginario colectivo y también salvan vidas.
Argumentan los empresarios locales que "el peso del Estado se sostiene con los ingresos de los privados" y reclaman definiciones concretas sobre facilidades tributarias que permitan oxígeno en esta coyuntura. Incluso, que la Provincia asuma parte de la tasa de interés del 24% que la Nación acordó con los bancos para préstamos destinados al pago de salarios. Estiman los empresarios, según un sondeo interno propio, que en los próximos dos meses la situación estará "peor" y salen a pedir auxilio. Al menos así respondió el 80% de los encuestados de más de 120 empresas locales.
El Estado provincial, por su parte, no está en mejores condiciones. A la conocida cifra del 70% de caída de la recaudación local se suma el derrumbe de impuestos nacionales coparticipables y la pérdida de regalías petroleras por la caída del precio internacional del barril. Mendoza está pidiendo un piso de reparto de fondos federales, su actualización por inflación y el reperfilamiento de deudas con el Banco Nación y la Anses para también aliviar sus cuentas antes que tener que recurrir a la emisión de cuasimonedas como en su momento fue el Petrom. Y aun así, tal vez no alcance para frenar el tsunami que viene en simultáneo de la mano del virus. Ni antes ni después.
La buena noticia fue el anuncio de la primera cuota (de tres) del reparto de 60 mil millones de pesos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) del Programa para la Emergencia Financiera Provincial del Ministerio del Interior y del cual a Mendoza sólo le corresponden ahora 825 millones de un total de 2.500 prometidos. Un cifra muy por debajo de lo que el Gobierno esperaba. Incluso muy similar a lo recibido por provincias más chicas (Santiago del Estero 818 millones; Salta 759 millones; Formosa 720 millones) y hasta por debajo de otras jurisdicciones (Chaco 987 millones; Entre Ríos 966 millones; Tucumán 941 millones). Obvio, la megacefálica provincia de Buenos Aires de Axel Kicillof se lleva 4.346 millones en esta tanda. Otro modelo de país ha de ser posible en otro momento.
Hay suspicaces en Casa de Gobierno que estiman que la discrecionalidad ha hecho de las suyas y que Mendoza -como se advierte- no ha sido la más beneficiada. Como ya había ocurrido antes con la polémica por la compra de respiradores que la Nación decidió centralizar pese a los fondos y la gestión mendocina. De los 15 previstos, tras el bloqueo e intervención de la Casa Rosada llegaron finalmente 8.
Rodolfo Suárez ha sido cuidadoso y funcional a la estrategia sanitaria nacional y lo desconciertan estos gestos o las diferencias que la Casa Rosada insinúa con Mendoza. "Está claro que no somos a los que más nos quieren..." dicen en el entorno del gobernador. Y acotan: "Tal vez la tónica de la relación con la Nación será esa que hemos visto en estos días, pero la idea es acompañar, no salir a confrontar", aseguran.
El gobernador, resaltan a su vez, está en permanente contacto con todos los intendentes, donde hay consenso sobre el rumbo compartido de la Nación y la Provincia en esta pandemia e incluso allí se les habría adelantado a los jefes comunales el destino sanitario exclusivo y centralizado, de lo que ingrese por ATN. Porque "la guita no nos alcanza" se sinceran en el Gobierno.
Y esa evaluación técnica, pero también política del trato que recibe Mendoza en el contexto nacional tal vez sea la explicación del duro comunicado de la Unión Cívica Radical (UCR), que conduce el intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, respecto de la disposición para la emergencia que dará a los fondos nacionales y que despertó la queja del peronismo que pedía a su vez la coparticipación a las comunas. "Esos municipios peronistas que hoy reclaman fondos son los mismos que salteando a la Provincia, consiguieron aportes discrecionales por sus vínculos políticos en Buenos Aires", contraatacan desde el Comité Provincia de los radicales en alusión a Santa Rosa y La Paz que al inicio del año recibieron de la Nación 15 y 12 millones de pesos respectivamente por una gestión de la senadora Anabel Fernández Sagasti.
Estas escaramuzas están tiñendo la relación entre Fernández y Suárez, y la evolución (o deterioro) del vínculo es algo que nadie se atreve a pronosticar. En el cuarto piso de Casa de Gobierno creen que todavía puede haber un diálogo "genuino" y de hecho, ayer mismo el gobernador ratificó su convicción respecto a trato igualitario de la Nación: "El presidente dice que la ayuda será ecuánime para todas las provincias. Vamos a aguantar lo que se pueda".
Es por eso que sorprendió días atrás que el presidente acusara a Suárez (y otros gobernadores radicales) de "cerrar las fronteras" cuando en realidad lo que se hizo fue extremar los controles para asegurar la trazabilidad y el aislamiento de quienes ingresan al país a través de Mendoza. No son pocos quienes desde el peronismo y ese amplio abanico del oficialismo nacional aseguran que ese trato a veces distante y a veces de reto para con Suárez es un tiro por elevación para el ahora diputado nacional Alfredo Cornejo, quien desde su banca busca posicionarse como referente de una oposición en problemas, justamente por la inacción del Congreso, ámbito natural de la expresión de la disidencia política.
Cornejo insiste en el funcionamiento del Legislativo y advierte sobre la concentración de poder en el presidente, en especial, en detrimento de los gobernadores, que son los que reciben el reclamo de ciudadanos y emprendedores por el estado de las cosas cuya decisión final está en Buenos Aires. Cree que al empoderamiento del presidente debe venir luego el de los gobernadores para que el país federal pueda ser algo más que una videoconferencia semanal y decretos de necesidad y urgencia.
Con roles y responsabilidades distintas, tanto el Estado como el mercado deberían actuar de manera complementaria y equilibrada para atenuar los efectos de una situación tan complicada. Para Fernández, "un martirio"; para Suárez "una tormenta perfecta" en la que la salud es prioritaria pero la economía no puede ser únicamente un subsidio. Para ello es necesario actuar sin especulación empresaria, pero también sin burocracia estatal. Sin abusos, pero también sin corrupción. Los sobreprecios denunciados en Desarrollo Social y el Pami en estos días, dan otra muestra de la ineficiencia, pero también de la connivencia con proveedores enquistados que hacen que el Estado gaste mal.
El desafío que flota (y en algunos casos se hunde junto con la extensa cuarentena) es más que el retorno a la normalidad, la preocupación por el mantenimiento y la recuperación de las fuentes de trabajo indispensables para generar riqueza que -vía impuestos- le sirvan al Estado para atender a los que más lo necesiten en la pandemia o cuando pase. En la emergencia está muy bien salvar vidas, pero al día siguiente hay que hacer que sigan subsistiendo. Y la miseria no es el mejor hábitat para ese cometido.