Los prestadores del sistema de salud de la provincia realizarán un paro de 48 horas este viernes 7 y sábado 8 de febrero. La medida de fuerza es en reclamo por las condiciones laborales en las que se encuentran más de 2000 trabajadores que prestan servicios pero que no están bajo los beneficios del convenio colectivo de trabajo.
"Estas modalidades no otorgan ningún derecho al trabajador ni estabilidad en la atención al paciente, con el riesgo que implica que estos profesionales hoy estén y mañana no, ya que no existe ninguna relación formal con el Gobierno. Sumado a ello, el Ejecutivo favorece la tercerización de los servicios, lo que implica la privatización encubierta de las especialidades más escasas como Terapia Intensiva, Pediatría, Neurología, Oftalmología, Traumatología, Neonatología, Cardiología, Psiquiatría y otras", expresó María Isabel Del Pópolo, secretaria general de AMProS.
El año pasado, los prestadores, recibieron sólo el 16% de aumento y el Ejecutivo no ha propuesto el traspaso de estos trabajadores al convenio colectivo. Se trata de un grupo de prestadores que son monotributistas, no tienen contrato con el Estado.
"Hay algunos profesionales que tienen cargo y también prestaciones, en ese caso tienen que pasar a mayor dedicación. Lo que el Gobierno no acepta es que los contratados no deben existir, y porque hoy cumplen y mañana pueden no cumplir", explicó Del Pópolo.
La gremialista advirtió que se resentirá la atención en muchos centros de salud y hospitales ya que muchos servicios, como las guardias, están cubiertos por prestadores. "Los servicios tendrán que ser cubiertos por los que tienen cargos en planta", explicó. Así se garantizarán las guardias mínimas y la atención.
De acuerdo a lo que contó Del Pópolo, en 2019 se negoció con el Gobierno que a los prestadores se les realizara una actualización salarial de acuerdo a la inflación cada tres meses -los que están bajo convenio se actualizaban mes a mes- pero el Ejecutivo sólo otorgó el 16%.
Claudia Iturbe, secretaria Adjunta de la entidad gremial, destacó que "la situación ya no puede dilatarse más. Se trata de profesionales que no reciben aportes jubilatorios, ART, obra social, ni antigüedad. No pueden acceder a ascensos en su carrera, no tienen vacaciones ni perciben aumentos equivalentes al resto de la población sanitaria, no gozan de descansos, licencias por enfermedad ni protección por maternidad".
"Pero a pesar de todo esto, deben cumplir horario y desarrollar tareas en forma diaria en áreas críticas como Terapia Intensiva, Guardia, Unidad Coronaria y tienen población a cargo en Atención Primaria de la Salud; todo ello, sin la mínima protección por parte del Estado Provincial, poniendo en riesgo su matrícula por trabajar en condiciones no aptas para brindar una salud de calidad", agregó.
Además, desde el gremio sostienen que estos trabajadores llevan años en esta condición de precarización laboral y que deberían haber pasado a planta. "El Estado los necesita y es el primero que negrea a la gente", sentenció Del Pópolo.