La decisión del gobernador Suárez de congelar tarifa eléctrica en Mendoza por 180 días fue, valga el juego de palabras, un baldazo de agua fría para las concesionarias del servicio con estudios de costos en mano para actualizar la tarifa por inflación desde febrero. Por eso, mientras advierten que postergar el proceso puede poner en riesgo el servicio, el Gobierno busca captar al menos una parte de un fondo nacional de $3.000 millones en subsidios para sostenerlo mientras dure la medida.
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Congelamiento de tarifa eléctrica: Mendoza busca "morder" $3.000 millones en subsidios
Sucede que luego de la RTI (Revisión Tarifaria Integral), que el marco regulatorio eléctrico contempla cada 5 años y que en julio de 2019 habilitó un 16% de ajuste, las empresas ya tenían en la gatera su cálculo de variación de costos estimado en 55% anual. Algo que, en el mejor de los casos (independientemente del porcentaje final autorizado), no podrán percibir hasta al menos fin del 2020.
"Esto obviamente nos pega mal, es una película que de tan repetida cansa. Tampoco se trata de una amenaza, pero sabido es que sin ingresos suficientes no puede haber inversión, y así alguien se va a quedar sin luz", resumió el gerente general de Cooperativa Eléctrica Godoy Cruz, Julio Gallego.
No obstante el congelamiento semestral anunciado por Suárez, el Ejecutivo advirtió que "el pedido de aumento (ante el Epre) tendremos que hacerlo igual, no podemos esperar 180 días". Y no descartó que corresponda incluir en la actualización la inflación del primer semestre del 2020.
Para Raúl Stasi, de Edeste "hay que compensar el déficit que provoca el congelamiento. La cobrabilidad es buena; se trata de ver cómo acomodarnos a la nueva situación sin que se corte la cadena de pagos".
La lectura que hacen desde Adeera (Asociación de Empresas Eléctricas de la República Argentina), de la que forman parte las mendocinas, no excluye la lectura política del tema: aunque sean jurisdicciones distintas, la decisión nacional de congelar tarifas (en energía y transporte) condiciona a las provincias como Mendoza (tiene potestad sobre el VAD, o ingresos de las concesionarias).
Lejos de contradecir a los empresarios, el propio subsecretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, asumió que "algunas inversiones no podrán ejecutarse, y otras seguramente se ralentizarán". Y dejó abierta la puerta para el proceso (con audiencia pública incluida) no se interrumpa.
Hasta entonces, la apuesta es inyectar fondos, léase subsidios. Nada es gratis.
"Que el servicio no aumente tampoco significa que no haya que pagarlo. Por eso la idea es que una parte lo absorban las empresas y otra el Gobierno", reconoció Mema.
¿Vuelve la Convergencia Tarifaria? $3.000 millones en subsidios, el objetivo
Todo remite al viejo y mal recordado Programa de Convergencia Tarifaria, que hasta 2015 mantuvo inamovibles los cuadros. Un sostén artificial de subsidios a cambio de inversiones acreditables a la compra de energía a Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) dado que, si bien fue un alivio para los usuarios, dejó rezagados los valores frente a los costos.
Ahora, 4 años después, la apuesta es similar, sólo acotada a 6 meses de duración en principio. Y depende de echar mano a $3.000 millones que la Nación asignó a cambio de la adhesión al nuevo congelamiento tarifario. En su momento, a Mendoza le tocaban unos $200 millones anuales.
"El Gobierno nacional ya lo aplica a las principales distribuidoras del área metropolitana de Buenos Aires, como Edenor y Edesur. Seguimos la misma línea de anuncios y no queremos que Mendoza se quede afuera del reparto de recursos. Sólo esperamos que nos convoquen para firmar", adelantó el secretario Mema.
Ahora bien ¿Puede reeditarse una Convergencia modelo 2020 más allá de julio? Para Stasi, de Edeste, es "altamente probable", pero anticipa la necesidad de mejorar algunos aspectos si eso ocurre.
"Ojalá no sea igual, sino proporcional a cada Provincia, o cupificado. Que Mendoza recibiera $200 millones igual que Santiago del Estero era una verdadera inequidad", comparó el Ejecutivo.