La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció el viernes la "erosión del estado de derecho" en Venezuela, advirtiendo también una vez más que las sanciones internacionales agravan la crisis.
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Persecución, violación de derechos y ejecuciones: el informe de Bachelet sobre Venezuela
La alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), la chilena Michelle Bachelet, informó al organismo multilateral sobre "graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud, en Venezuela".
Así lo informa el documento que elaboró tras su visita al país sudamericano y está desde hoy disponible en el sitio oficial OHCHR.ORG. "Miles de personas, principalmente hombres jóvenes, han sido asesinadas en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años", señala el texto. "Existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, en particular las FAES", expresa terminante el informe de Bachelet.
Para el Gobierno de Venezuela, el informe de Bachelet "está lleno de errores"
Bachelet, que viajó a Venezuela del 19 al 21 de junio, habló delante del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al día siguiente de la publicación de un informe sobre el país latinoamericano, cuyo gobierno denunció un documento lleno de "errores".
El informe indica que desde 2018, cerca de 7.000 personas fueron asesinadas en casos supuestamente por "resistencia a la autoridad", según el gobierno, durante operaciones de seguridad.
"Las principales instituciones y el estado de derecho en Venezuela fueron erosionados", declaró Bachelet.
"Nuestro informe da cuenta de ataques a opositores reales o supuestos y a defensores de los derechos humanos, que van desde amenazas y campañas de difamación a la detención arbitraria, la tortura y los malos tratos, la violencia sexual, asesinatos y desapariciones forzadas", agregó la Alta Comisionada.
En el documento, Bachelet pide a Caracas "disolver las FAES", un cuerpo de élite de la policía nacional creado en 2017, y el establecimiento de un "mecanismo nacional imparcial e independiente, con el apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales efectuadas durante las operaciones de seguridad".
El informe detalla que en 2018, 5.287 personas fueron asesinadas en casos supuestamente por "resistencia a la autoridad", según el gobierno, durante estas operaciones. Entre el 1 de enero y el 19 de mayo de este año, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según Caracas.
El texto también señala que, a 31 de mayo, 793 personas estaban privadas arbitrariamente de libertad y que, en lo que va de año, 22 diputados de la Asamblea Nacional fueron privados de su inmunidad parlamentaria, entre ellos su presidente Juan Guaidó, que desde enero intenta sacar al presidente Nicolás Maduro del poder.
Ante el Consejo de Derechos Humanos, el viceministro de Relaciones Exteriores venezolano, William Castillo, reconoció las "debilidades" del sistema judicial de su país y que las instituciones policiales habían cometido "desviaciones puntuales".
Pero Caracas "rechaza categóricamente (la acusación de) criminalización de los cuerpos de seguridad y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana", agregó.
También defendió la acción del gobierno ante los "serios riesgos" para la seguridad nacional a los que se enfrenta Venezuela, como "planes de golpe de Estado" y amenazas de una "intervención militar extranjera" lanzadas por el presidente estadounidense Donald Trump.
Hasta 7.000 ejecuciones
Cerca de 7.000 presuntas ejecuciones extrajudiciales se produjeron en Venezuela en el último año y medio, según un informe publicado este jueves por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, quien recientemente visitó ese país.
La gran mayoría de esas muertes fueron responsabilidad de las fuerzas de seguridad, proporción "sorprendentemente elevada", alertó Bachelet.
El gobierno venezolano replicó señalando que "son incontables las imprecisiones, errores, descontextualizaciones y falsas afirmaciones en las que incurre la ACNUDH, producto del inadecuado uso de las fuentes disponibles".
En su informe tras su visita a Venezuela del 19 al 21 de junio, Bachelet resaltó que "grupos armados civiles progubernamentales conocidos como colectivos han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones".
La alta responsable de la ONU pidió en sus conclusiones disolver las Fuerzas Especiales (FAES) de la Policía Nacional venezolana, a las que achaca la mayor parte de las 5.287 muertes extrajudiciales, supuestamente por "resistencia a la autoridad", registradas en 2018 y otras 1.569 entre el 1 de enero y el 19 de mayo de 2019.
Esas cifras fueron suministradas a la oficina de Bachelet por el propio gobierno venezolano, precisó a la AFP una portavoz, Ravina Shamdasani. "Nos fueron enviadas en directa respuesta a nuestras solicitudes", detalló.
Sin embargo, "otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores", había resaltado Bachelet.
Además hay 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, dice la Alta Comisionada.
Venezuela atraviesa una profunda crisis política con el pulso entre el presidente Nicolás Maduro y el opositor Juan Guaidó, jefe del Parlamento autoproclamado presidente interino y reconocido por unos 50 gobiernos.
El informe de Bachelet confirma "todas las denuncias que hemos realizado durante años", reaccionó Guaidó, calificando al gobierno de Maduro de "dictadura sanguinaria".
Venezuela vive además una severa crisis económica, agravada por un embargo petrolero y sanciones financieras de Estados Unidos para tratar de deponer a Maduro.
"El Gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas", explica la ONU.
Pero la administración de Maduro respondió que el ACNUDH "presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos" en Venezuela.
"El informe recomienda otorgar libertad a todas las personas detenidas 'por motivos políticos'. Esta recomendación resulta inaplicable", pues "no existen personas detenidas por tal condición", añadió Caracas.
La situación es "compleja", admitió Bachelet, que pudo entrevistarse con los principales protagonistas de la crisis y con damnificados.
Además de la disolución de las FAES y los "colectivos", Bachelet recomienda crear "un mecanismo nacional imparcial e independiente" para investigar las ejecuciones extrajudiciales, y pide al gobierno publicar regularmente datos exhaustivos sobre la salud y el acceso a agua y alimentos de la población venezolana.
Según una veintena de testimonios recogidos por la ONU, las FAES allanan domicilios, separan a jóvenes de sus familias y los ejecutan a sangre fría.
"Control social"
A Naciones Unidas le preocupa que las autoridades puedan usar a las FAES y a otras fuerzas de seguridad como instrumento para "infundir miedo" y "mantener el control social", según el texto.
El informe recordó que Bachelet ha pedido la creación de una oficina permanente en Venezuela.
Para el gobierno venezolano, el documento "nada dice (...) sobre la necesidad de levantar las medidas coercitivas unilaterales ilegal e ilegítimamente impuestas al país", en referencia a sanciones de Estados Unidos.
Guaidó, en tanto, renovó su llamado a protestas para el viernes, cuando se conmemora la declaración de Independencia de Venezuela.
"Exhorto a todas las personas con poder e influencia -tanto en Venezuela como en el resto del mundo- a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo", concluyó Bachelet. Fuente: AFP y ANSA