En diálogo con Sitio Andino, el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia de la provincia, Lisandro Nieri, destacó en primer lugar la importancia de que el tribunal haya resuelto por unanimidad avanzar con el juicio contra el magistrado. "Creo que eso es importantísimo. Es contundente que los 21 integrantes determinen la suspensión y el inicio del proceso", expresó.
Recordó que en marzo el juez Sánchez Rey presentó la renuncia para acceder a la jubilación pero no fue aceptada por el gobernador Alfredo Cornejo ya que al mismo tiempo se había presentado el pedido de Jury y desde el Ejecutivo consideraron que era necesario que se llevara adelante ese proceso.
Nieri resaltó también que este es el tercer caso de un magistrado sometido a un juicio político durante la actual gestión, que se suma al de la "fiscal viajera" Anabel Orozco y el camarista acusado de violencia de género Gustavo Estrella, ambos destituidos por el tribunal.
"En la gran mayoría de los jueces hay buen comportamiento", manifestó Nieri y remarcó que en la medida que se produzcan irregularidades como estas "celebramos que se avance en el proceso del jury".
Por otra parte, el funcionario indicó que la resolución del tribunal "no es un mensaje para el resto del Poder Judicial, es un mensaje para cualquiera que obre mal" e hizo hincapié en que "la gran mayoría obra como corresponde".
Sánchez Rey, de 77 años, integraba hasta hoy la Quinta Cámara Laboral. El año pasado se vio involucrado en una polémica tras reclamar un resarcimiento al Estado por haberse lesionado un brazo con un portón automático en una cochera del Poder Judicial.
Representado legalmente por su hijo Diego Sánchez Azcona, el magistrado alcanzó un acuerdo con la ART Provincia para recibir $ 4,5 millones de indemnización. Ese convenio debía ser homologado por los compañeros de la Quinta Cámara Laboral, quienes en una primera instancia no se recusaron y luego afirmaron haber sido presionados por Sánchez Rey para rubricar el acuerdo.
Tras estas irregularidades tomó intervención la Unidad Especial para la Prevención del Fraude en las Relaciones Laborales y los Recursos de la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Producción y Empleo de la Nación. El organismo realizó una denuncia por fraude ante la justicia penal por una supuesta connivencia entre el abogado de la ART y el abogado del camarista y paralelamente presentó un pedido de juicio político ante el Jury de Enjuiciamiento.