El fin del gobierno de Alfredo Cornejo está coincidiendo con el renacer del proyecto minero de cobre y oro conocido como San Jorge, ubicado en Uspallata, a casi 150 kilómetros de la ciudad de Mendoza.
El fin del gobierno de Alfredo Cornejo está coincidiendo con el renacer del proyecto minero de cobre y oro conocido como San Jorge, ubicado en Uspallata, a casi 150 kilómetros de la ciudad de Mendoza.
En silencio, la compañía rusa Aterra Group, la misma que en el 2013 adquirió la totalidad de las acciones del proyecto a su iniciadora, la por entonces canadiense Coro Mining, decidió hace varios meses revisar el emprendimiento, actualizar la inversión, acercar nuevamente la idea al gobierno nacional, y particularmente el provincial, para darle una nueva forma a la iniciativa. Entienden que el momento de hacer otro intento ha llegado. Tiene que ver con la dimensión de la mina, una medida justa para la particular situación actual del país y la necesidad imperiosa que tiene de recibir inversiones. Se ha revisado, también, la inversión. De los casi 300 millones de dólares que se suponía sería invertidos cuando la iniciativa tomaba forma, allá por el 2008, se ha pasado a unos 500 millones.
Los rusos tienen preparados un nuevo informe, más amplio y actualizado y al proyecto se le están realizando ajustes mayores que se encuentran en una etapa de finalización. Entienden que la escala de esta mina está dentro de una envergadura de ejecución económica "posible" para la Argentina de hoy. Sostienen que, así como lo van a presentar, se encuentra a la vanguardia de cualquier emprendimiento minero del país: lejos de los mega proyectos de 3 mil millones de dólares como los que ha intentado desarrollar San Juan en el último tiempo, demasiado grandes para la coyuntura actual.

El año pasado Aterra estuvo a punto de dejar inerte el proyecto y abandonar los intentos que llevó adelante para seducir a los gobiernos, con la inversión y con el compromiso de trabajar en forma conjunta para lograr la tan preciada licencia social. Pero parecieron ver una ventana para desarrollarlo cuando tomaron contactos con los principales líderes políticos que se preparan para dar la batalla electoral, crucial, de este 2019.
Abandonaron, además, la posibilidad de trasladar el emprendimiento a San Juan. Cuando se analizaba esa alternativa, le daban forma a un proyecto diferente para adecuarlo a los nuevos requerimientos políticos, más que nada, que se les iba exigiendo. Se trataba de sacar el mineral sin elaboración de Mendoza y llevarlo a San Juan para su procesamiento. Se estudió la construcción de un tren que llevaría el mineral en bruto a la vecina San Juan en donde no existen las restricciones que están vigentes en Mendoza. Sin embargo, frenaron esos movimientos y se han concentrado en una actualización del proyecto original desde que en la Legislatura ingresaron dos iniciativas que buscan modificar la ley antiminera.
Los rusos entienden que se acercan para la minería a cielo abierto, especialmente en Mendoza, tiempos favorables para su desarrollo, incluso dentro de los límites de la 7722, como defienden que se encuadraba aquel proyecto que se conoció en setiembre del 2008, un poco más de un año después de sancionada la ley que lo terminó marginando.
Como se dijo hace casi diez años, de ponerse en marcha San Jorge sustituiría la totalidad del cobre que hoy está importando la Argentina, crearía "no menos" de 4 mil puestos de trabajo en su etapa de construcción y alrededor de 1000 en la etapa de la operación.
Pocos meses atrás, el CEO de Minera San Jorge, Taras Nechiporenko, firmó un comunicado de la firma en la que anunciaban el retiro de Mendoza de sus oficinas y del proyecto en sí: "Tanto muchos expertos de varios rubros, como los políticos en Mendoza y en Argentina, se dan cuenta de que la Ley 7.722 tiene un carácter discriminatorio para toda una industria que ha permitido a otras provincias y países enteros, desarrollar sus economías, llegando a un nivel muy avanzado, asegurando de esta manera el crecimiento de bienestar de sus habitantes", dijo Nechiporenko.
Las últimas informaciones a las que accedió este cronista dan cuenta de que vertiginosamente el panorama parece haber cambiado. Tantos Aterra, como otros empresarios del sector industrial de Mendoza, habrían tenido contacto reservados con los candidatos a gobernar Mendoza. Con matices, todos coinciden que sin licencia social no podrán impulsar el desarrollo minero en Mendoza. Ese objetivo, creen, comenzará a ser abordado y en gran parte cumplido hacia fin de año.

