18 de noviembre de 2026
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APERTURA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 2019

Cornejo en seguridad: "Enviaré un proyecto de ley para hacerle frente a otro flagelo cotidiano: el robo y la venta de ruedas"

En su último discurso legislativo, el gobernador Alfredo Cornejo se destacó -entre otros temas- su gestión en seguridad: 

"Tal vez una de las áreas más sensibles, es inmenso el trabajo realizado si consideramos que al asumir encontramos una Policía en decidido estado de abandono, síntoma de un Estado que se había resignado a combatir el delito y sus causales. Prueba de ello es que sólo la deuda con los proveedores del sistema Tetra, vital para mantener activada cualquier respuesta ante un hecho delictivo, era de 500 millones de pesos. Como corresponde, esa deuda ya está toda cancelada y hoy los proveedores cobran al día. Además, se ha ampliado el sistema en 2.610 km2, lo que permite cubrir franjas de la provincia que estaban desprotegidas.

Pero no sólo eso. En 2015 había sólo 385 móviles provinciales para toda la Provincia. Sin equipamiento ni tecnología, que sólo podían cargar combustibles en apenas 3 estaciones de servicio del Gran Mendoza y en otras 5 del resto del territorio provincial, lo que significaba que los policías perdieran valioso tiempo en los traslados y las esperas, además del consumo inútil del propio combustible.

Hoy contamos con 1.124 movilidades con GPS, muchos de estos son patrulleros equipados con lectores de huellas, reconocimiento facial y de patentes, lo que permite avanzar en la prevención y persecución del delito, y esperamos incorporar 100 unidades más en lo que resta del año. Pero además, después de tres años, gastamos casi lo mismo en combustibles, 65 millones de pesos, con el triple más de móviles y con sucesivos incrementos del valor de las naftas en estos años, pudiendo ahora cargar en cualquier estación de la Provincia con el programa YPF en Ruta. Está claro que el orden no es un capricho. El orden genera ahorros en las cuentas públicas y salva vidas.

Lo que también es cierto es que al término de mi gestión se habrán construido 2.200 nuevas plazas penitenciarias en la cárcel Federal, Almafuerte II, las ampliaciones de Borbollón, Valle de Uco, Colonia San Rafael, así como el complejo Agua de las Avispas. Nunca se invirtió tanto en este sentido: es el esfuerzo presupuestario en materia penitenciaria más grande en la historia de la Provincia. Asimismo se refaccionaron en estos 4 años, 60 comisarías en toda la provincia, algunas de ellas, nunca reparadas en los últimos 60 años.

Esta gestión impulsó una política criminal que representó un avance en la forma de administrar justicia. Entre otras, la ley de prisiones preventivas en el contexto de casi 30 reformas de seguridad, permitieron que haya 900 delincuentes más detenidos que antes estaban sueltos, que implica que todos los mendocinos estemos menos amenazados y más seguros.

La reforma del Código Procesal Penal permitió en este tiempo el aumento de las detenciones y la baja de los robos agravados, mientras que los cambios en el Código Procesal Civil incorporaron la oralidad en los procesos y tecnología para disminuir los plazos de las causas.

Actualmente se está implementando el Sistema de Juicio por Jurados Populares en nuestra provincia, que permite la participación de la ciudadanía en el juzgamiento de los delitos más graves y un derecho del acusado a ser juzgado por sus pares.

En el fuero civil, se sancionó el régimen procesal de Extinción de Dominio, que regula un proceso civil autónomo del proceso penal y que otorga herramientas ágiles a la justicia para recuperar los bienes producto del delito, en especial de los delitos vinculados con la corrupción, para que vuelvan al Estado y este lo utilice para políticas públicas, como por ejemplo la construcción y reparación de escuelas.

La búsqueda de un mejor servicio de Justicia y una actualización de los instrumentos también nos animaron a realizar cambios en el Código Procesal Administrativo, el Procesal Laboral y el de Procedimiento de Familia. Pero no fueron los únicos. También replanteamos el Régimen Jurídico de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y el Código Contravencional, que incorporó sanciones a conductas modernas socialmente reprobadas como el maltrato de ancianos, las agresiones a servidores públicos en hospitales o escuelas, la responsabilidad de los padres en la denominada previa de los adolescentes o la sanción a "los trapitos" en la vía pública.

Adecuar leyes es acompañar los cambios sociales y evitar vacíos legales que permitan consagrar la impunidad.

Así, se pasó de tener 4 o 5 audiencias de prisión por semana, a tener 9 diarias por juez, fruto de la incorporación de procesos de oralidad permanente y administración de audiencias. Además, las víctimas pasaron a tener una participación amplia en la querella y en el régimen de salidas del preso, donde es necesaria su opinión para que ésta se concrete.

Los datos estadísticos también avalan la tarea en esta dirección de generar desde el Estado, mejores condiciones estructurales para atenuar el delito. De una tasa de 9 homicidios cada 100 mil habitantes, pasamos a una de 5 en 2018, lo que constituye la más baja de los últimos 19 años.

Un esfuerzo inmenso que nos ha permitido también controlar un fenómeno contemporáneo, como son los robos agravados con uso de armas. Se llegaron a reportar cerca de 1.100 robos a mano a armada por mes en la Provincia y al día de hoy promediamos los 490 mensuales, lo que significa una disminución durante nuestro gobierno del 50%. Es la primera vez, desde el regreso de la democracia, que este ítem se estabiliza y la curva ascendente progresiva baja. Esto implica que una de cada dos personas que era víctima de este tipo de delitos en 2015, hoy no lo es.

Pero no estamos conformes. Por eso hoy anuncio que en breve enviaré a esta Legislatura, un proyecto de ley para hacerle frente a otro flagelo cotidiano: el robo y la venta de ruedas, llantas, neumáticos y autopartes de automotores que a diario sufren decenas de mendocinos. La iniciativa prevé la derogación de la ley 7.558 para completar el circuito del control estatal, capaz de desalentar y castigar la venta de bienes de dudosa procedencia en establecimientos dedicados a la compra y venta, facultando a la Justicia a la destrucción de las autopartes y hasta la clausura del local, en caso de detectar irregularidades.

La ley de trabajo de los presos ha sido otro de los pilares de mi gestión, que apuntó a atacar la ociosidad en las cárceles y logró que el 82% de los detenidos trabajen. Antes, ese porcentaje no llegaba al 15%. Ese trabajo, más allá de ocupar de manera útil el tiempo, les permite a los presos acceder a beneficios, contribuye a su resociabilización y los dignifica; por lo que son ellos mismos los que lo solicitan. De ese 82% que trabaja, el 52% también estudia. Mendoza tiene la tasa más alta del país de estudios universitarios entre sus internos penitenciarios, incluso, aplicando en algunos casos aulas virtuales.

Se revirtió la tasa de procesados y condenados. Al inicio de la gestión había 62% de procesados y 38% de condenados. Ahora tenemos más condenados que procesados, casi en los mismos valores pero invertidos, gracias a las aceleraciones procesales, bajando los plazos del proceso de 2 años y medio, a 1 año y 1 mes. Así, se le dio celeridad a la Justicia y se superó la eterna crítica de los organismos de derechos humanos sobre los largos procesos de detención sin condena.

Mendoza también disminuyó las muertes violentas en las cárceles. En 2015 murieron 6 personas en prisión, y hubo años anteriores que esa tasa incluso trepó hasta 11 muertos. En 2017, no hubo ninguna y en 2018, sólo una. Este avance pudo concretarse con jerarquización del trabajo penitenciario, pero también por la inclusión de otros aspectos como el deporte formalizado. Actualmente hemos implementado un nuevo programa para bajar la reincidencia delictiva a través del rugby dentro de las cárceles.

No hemos tenido un solo caso de policías imputados por gatillo fácil, ni de atribución de falsa detención (el típico "perejil") o de venganza policial sobre un tercero, por el simple hecho de cumplir y hacer cumplir la ley.

Al llegar a la gestión había 750 policías en disponibilidad por enfermedad permanente. Hoy, esa cifra se bajó a 35. Sólo por el control y la rigurosidad de la administración. Pasamos del legajo de papel al legajo electrónico. Antes había un desconocimiento de quién era y qué hacía cada policía. Ahora, con la implementación de un software está toda la información disponible, al instante, para traslados, ascensos o cualquier situación que lo requiera.

Antes los servicios extraordinarios se prestaban para las irregularidades y la corrupción. Era atribución de un comisario distrital quien seleccionaba a discreción. Ahora, está regulado a través de un sistema claro y verificable, con opinión colegiada, que le da trazabilidad y transparencia, eliminando esa discrecionalidad y abusos.

También hemos avanzado mucho en materia de equipamiento, en 2015 había menos de 2.000 chalecos para los 9.700 policías que existían cuando asumimos (y casi todos vencidos), faltaban armas y directamente no habían municiones. Hoy tenemos chalecos para todos los policías, incluso, anatómicos para mujeres que antes directamente no existían. Lo mismo sucede con la provisión de armas y municiones. Cada efectivo cuenta con su arma y su provisión de municiones, incluidas las de la práctica de tiro.

Se creó por ley el defensor del Policía, que frente a cualquier enfrentamiento, en los primeros momentos, lo asisten tanto en el plano legal como en la investigación. Así, el policía se siente respaldado por el Estado para trabajar dentro de las atribuciones de la ley.

En el Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP) se incrementaron los requisitos para ingreso, y pese a ello, este año hubo 1.600 inscriptos de los cuales finalmente ingresaron algo más de 200. Antes, incluso flexibilizando las condiciones de ingreso, como la exigencia del título secundario, no se podían cubrir todas las vacantes. Los nuevos policías serán esencialmente mejor formados. Hoy, por ejemplo, todos egresan con licencia de conducir, algo que antes no ocurría.

El avance más notable en política de seguridad, es el laboratorio de ADN, el mejor del país y uno de los mejores de Latinoamérica, que ya tiene casi 40 mil perfiles genéticos cargados de todos los imputados de la provincia. Esto radica en mayor velocidad probatoria, como hemos visto recientemente en varios casos resonantes en la opinión pública, que se han resuelto con la utilización de esta tecnología. De cara al futuro, será imprescindible priorizar el uso de la tecnología aplicada a la seguridad, como lo encaramos nosotros en estos años, invirtiendo, manteniendo y actualizando herramientas para la lucha contra el delito".

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