La Cámara Baja provincial le dio este miércoles sanción definitiva al proyecto de ley de Extinción de Dominio, por lo que la norma pasará al Ejecutivo para su promulgación. El subsecretario de Justicia Marcelo D'Agostino manifestó su contento por la normativa y explicó cómo se aplicará esta Ley.
"Estamos muy contentos de que haya salido esta Ley. Es una herramienta jurídica importantísima para combatir la corrupción, los bolsos revoleados por la mediamera, las bóvedas llenas de dinero", sostuvo eufórico el funcionario.
D'Agostino explicó que de ahora en más "todos los bienes que han sido producto de la corrupción, volverán a la gente, a la sociedad".
En diálogo con la prensa, el Subsecretario de Justicia recordó que hay "muchos ex funcionarios del peronismo que están siendo investigados por este tipo de delitos y ahora van a tener que responder desde el punto de vista civil respecto de esos bienes".
"Ahora el procurador tiene treinta días para determinar cuáles son las causas que se encuentran en este tipo de situación, o sea, que se que se encuentran imputados por este tipo de delitos, a los efectos de que se les instruya dentro a los fiscales civiles, que son quienes van a poder interponer esta acción de extensión de domino", afirmó.
Y agregó: "Recordemos que es un proceso civil autónomo del proceso penal, no hay que esperar que haya una condena en sede penal para que intervenga un juez civil con todas las garantías", dijo.
"Si pueden explicar cómo obtuvieron sus bienes, bienvenido sea, y si no lo pueden justificar, un juez civil va a determinar la extinción de dominio y se subastarán esos bienes y con lo producido por esos bienes y eso va a ir a la construcción y reparación de escuelas", finalizó el subsecretario de Justicia.
Sobre cómo funcionará la Extinción de Dominio
A partir de la entrada en vigencia de esta ley, el Ministerio Público Fiscal deberá realizar un relevamiento exhaustivo de las causas penales en trámite dentro de los 30 días. Además, este será el organismo a cargo de solicitar la herramienta legal con la que se buscará subastar los bienes provenientes de la corrupción y del delito en general.
El fiscal asignado establecerá una medida cautelar con la que se dará inicio a la demanda y el juez podrá pedir la venta en subasta. Lo que se deduzca de la venta ingresará a rentas generales de la Provincia para la construcción y reparación de escuelas.
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