Algunos crímenes ocurridos en San Rafael, pese a que han resultado aberrantes y de trascendencia social, chocan con el inconveniente del denominado plexo probatorio y corren riesgo de no ser esclarecidos y, consecuentemente, dejar impunes a los culpables. En estos casos, el estudio de ADN desincrimina a todos los acusados.
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San Rafael: tres causas, 4 muertes, y 12 acusados que desincrimina el ADN
Un doble homicidio, el crimen de una mujer policía, se suman al histórico caso de Paula Toledo que lleva más de 15 años sin que se sepa quién la mató, son causas que parecen destinadas a la impunidad en San Rafael.
La policía Peralta
Esta semana llegó la novedad que más esperanza otorga a Damián Ortega, uno de los acusados de asesinar a la oficial Florencia Peralta el 13 de setiembre de 2016. Un estudio de ADN que impide colocarlo directamente en la escena del crimen y, para colmo, suma a un tercero de sexo femenino.
Aunque aún nadie sepa explicar por qué, recién ahora se hicieron los análisis en dos restos papilares hallados en el lugar. Pelos que encontraron junto al cuerpo de la víctima y también en el inodoro.
El tema es que con el transcurso del tiempo, esos pelos perdieron material genético que se degradó, no se va a poder cotejar nunca con los ADN de los imputados en la causa.
No sólo está acusado Ortega, ex pareja de Florencia, sino también un ciudadano de Guinea que, como él dice, su único error fue levantar un celular que estaba tirado en una acequia junto a la catedral, justo el día después del crimen, y que pertenecía a la mujer asesinada.
Más de dos años estuvo detenido por orden del juez Pablo Peñasco (foto), por el hecho de ser la persona que tenía la rez furtiva: una de las pocas cosas que desaparecieron de la casa del crimen, junto a una notebook que todavía no se sabe quién la tiene.
El africano Gassimou Barry tuvo que esperar a que se agotaran los tiempos procesales permitidos y que no se sumaran más pruebas en su contra, para lograr que le permitieran la excarcelación que nunca imaginó que iba a tener que tramitar el día que encontró el celular y tuvo la mala idea de sacarse una selfie con el celular hallado y distribuirla en las redes sociales.
Le jugó en contra que una vez fue denunciado por su ex pareja de haber querido estrangularla; justamente la manera en que mataron a Peralta.
Sobre Ortega, juegan pruebas indiciarias, pero no hay elementos que permitan determinar con certeza absoluta que él la mató: una mala justificación en su indagatoria, a la que se prestó minutos después de haber llamado él mismo al 911 para decir que encontró muerta a Peralta; un relato con claroscuros, una obsesiva persecución de los movimientos telefónicos de su ex pareja hasta el punto de clonarle el celular para saber por dónde andaba y algunas lagunas temporales en sus movimientos esa jornada.
Para colmo, el caso ingresó en una nueva duda: ¿quién pudo ser la tercera persona que estuvo con Florencia ese día?
La pregunta surge a partir del informe firmado por el laboratorista forense, Miguel Marino, recientemente incorporado a la causa, quien realizó análisis de ADN sobre una calza, las zapatillas, una bombacha y la tonfa policial de Peralta.
Resultó que se halló perfil genético, correspondientes con dos masculinos y un femenino. Este último no es de Florencia (el suyo exclusivamente se encontró en la prenda íntima), por lo que no se sabe quién pudo ser la mujer que tuvo contacto con ella ese fatídico día.
Y, como si fuera poco, ninguno de los perfiles masculinos coinciden con los de Ortega y Barry...
La causa en la que se ha gastado mucho dinero y cero resultados, llegó al extremo de contratar a un especialista en telefonía, Ariel Garbarz que le costó al Poder Judicial más de medio millón de pesos para realizar una pericia sobre las antenas y los celulares de Peralta, Ortega, Barry y un policía de apelligo Quiroz, un amigovio con el que Florencia mantuvo varios contactos durante la jornada en que ella murió.
No sirvió de mucho el peritaje. Y nadie sabe aún quién mató a Florencia, ni siquiera quién estuvo en su casa esa noche.
Doble crimen
Más llamativo resulta el caso del doble crimen de los Scalia, Liliana y Miguel Ángel, dos personas que tenía una panadería, y cuyos cuerpos fueron encontrados el lunes 25 de setiembre de 2017 en su casa de barrio Nihuil, de San Rafael, luego de que su hija intentara en vano contactarse con ellos por teléfono, desde fuera de la provincia.
Tuvo que recurrir a una prima que dio aviso a la policía para hallar un macabro escenario que revelaban que fueron asesinados a mazazos y arrastrados por varios lugares para que entregaran el dinero que los criminales buscaban.
Todo ello, con la hija discapacitada en cama y que, de haber demorado un poco más la policía, también podría haber sido víctima fatal por la imposibilidad de movilizarse que padece.
Una perra halló un rastro, lo siguió y dio con las supuestas zapatillas de uno de los criminales. Es lo más firme que hay en la causa.
El problema es que el análisis de ADN no dio buenas noticias en un caso que hace difícil llevar a juicio a los acusados con la certeza de que sean condenados.
En efecto, los imputados y detenidos son: Cristian Pajón (el de las zapatillas), Ricardo Daniel Peñalbé Ruiz, Carlos Ezequiel Ávila y Fernando Olivares.
Pues bien, el estudio de las muestras genéticas halladas en la escena del crimen no coincide, ninguna de las 3 halladas, con los perfiles de ninguno de los cuatro detenidos.
Y todavía no se encuentra el arma homicida. Todos los allanamientos dieron negativo; sorprendentemente, las búsquedas con detector de metales fueron "más exhaustivas" desde marzo del año pasado, cuando ya cinco días después del crimen uno de los imputados hablaba de una "maza" que debía ser ubicada como elemento clave en la historia.
La causa sólo tiene testigos de oídas y, como mucho, acusaciones cruzadas entre los imputados, pero sin pruebas directas aportadas a la hora de señalarse entre ellos.
Paula Toledo
Todo hace recordar el crimen de Paula Toledo, ocurrido en octubre de 2003, y cuyo tercer juicio podría realizarse este año, pero contra sólo uno de los cuatro acusados.
En el primer juicio todos fueron liberados por el beneficio de la duda; menos un hombre que no fue hallado hasta ese momento, Marcos Graín. Cuando lo encontraron, hicieron el segundo juicio, pero el fiscal Norberto Jamsech no tuvo elementos para acusarlo.
El gran problema fueron las pruebas: eran muchas, pero varias se perdieron, otras se donaron, y lo peor de todo, algunas no se colectaron por la impericia del médico forense que dijo tener sólo dos hisopos para realizar el exudado en el cuerpo de la víctima, que encima, se dio el lujo de lavar, eliminando material valioso para cotejarlo con los acusados de un crimen que incluyó varias violaciones y torturas.
Ese médico, Francisco Talío, quien nunca pudo explicar por qué en un informe dijo que halló apenas un espermatozoide, y menos aun por qué no compró algunos hisopos más para colectar la innumerable cantidad de pruebas que presentaba el cuerpo de la víctima violada, justificándose en que en esa época había una crisis económica en el sistema de salud.
La cuestión es que pasaron los años, y las muestras de ADN se degradaron. Por ejemplo, un trapo aportado a la causa sin ningún control policial ni judicial, pero que por las dudas fue enviado a estudio, y no se pudo encontrar nada.
Ahora, el juicio a Graín no tiene ninguna prueba nueva que lo que hubo en el debate donde fue absuelto; y los otros acusados no irán a juicio porque eran menores al momento del crimen, y los tiempos para ellos son más cortos para la prescripción penal.
Tres grandes crímenes, cuatro víctimas y 12 acusados a los que el ADN les permite decir que son inocentes.
