La Justicia de Familia y la fiscalía de San Rafael investigan una serie de denuncias por maltrato que realizó la Dinaf contra al menos cinco hogares que el Instituto del Verbo Encarnado.
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Revuelo en San Rafael por denuncias de maltrato en el Verbo Encarnado
La presentación generó que el organismo gubernamental sacara de esos hogares a al menos 25 menores de edad que, presuntamente, fueron víctimas de un sinfín de maltratos como insultos, agresiones físicas o hasta exponer a los niños a duchas con agua fría.
La denuncia causó revuelo en San Rafael y ahora la justicia investiga si funcionarios o operadores de esos hogares son responsables de algún delito.
En la causa penal es el fiscal Ivan Ábalos el que se hizo cargo del caso, que por el momento está calificada como "averiguación lesiones".
Dicho expediente se abrió tras la denuncia de la Dinaf. La titular de ese organismo Vanina Barone, explicó a este medio que semanas atrás recibieron una serie de denuncias por lo que decidieron realizar entrevistas personales a cada uno de los menores alojados en dichos hogares.
En base a eso, explicó que desde el instituto católico se negaron a esas entrevistas, por lo que la Dinaf insistió. Finalmente, un grupo de profesionales asistió a los menores y al menos 16 niños coincidieron en su relato.
Aseguraron que en los hogares eran maltratados. Indicaron que un grupo de monjas los insultaba, apretaba, les tiraba los pelos y hasta los exponía a duchas con agua fría.
Esto generó que la Dinaf pusiera fin al contrato entre el gobierno y el instituto, por lo que trasladó a 25 menores a otros hogares del gobierno.
"Según ellos es un método natural, que se usaba en su casa. Para nosotros no son las formas para trabajar. No estamos de acuerdo con este maltrato. Para la comunidad de ellos puede estar naturalizado, pero nosotros, desde Dinaf y el gobierno, no vamos a amparar esta violencia", explicó Barone en una entrevista al programa En Tiempo Real, que se emite en Radio Andina 90.1.
Pero la situación no terminaría allí. Es que desde la Dinaf aseguraron que los chicos relataron una serie de amenazas, por lo que se cree que los maltratos no fueron denunciados antes por "temor a represalias".
Hasta ahora, el Estado mendocino pagaba un monto determinado de dinero a este instituto por la guarda de los menores, por lo que se decidió poner punto final al contrato.
Acto seguido, Barone denunció el caso en el Juzgado de Familia y en la fiscalía de San Rafael, dando inicio así a una causa que genera polémica en San Rafael.
Por el momento y según explicó a este diario el fiscal Ábalos, se están tomando declaraciones a distintos operadores y testigos. Luego se solicitarán una serie de pericias físicas y psicológicas.
En base a esto, el magistrado decidirá nuevas medidas y no se descarta imputaciones.