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El Gobierno envió al Congreso un proyecto para combatir a los barras bravas

El Gobierno envió hoy a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de combate a los "barra bravas", que apunta a endurecer las penas de los delitos que se cometan en espectáculos deportivos, en medio del escándalo por los incidentes violentos en las inmediaciones del estadio "Monumental", ocurridos en la previa a la final de la Copa Libertadores entre River y Boca.

Se trata de un proyecto similar al presentado en 2016 que perdió estado parlamentario, y que ahora el Poder Ejecutivo desempolva, aunque incorpora cambios para "aggiornarse" al anteproyecto de reforma penal que se presentará el año próximo en el Congreso.

La iniciativa, denominada "Régimen Penal y Contravencional para la prevención y represión de delitos en espectáculos futbolísticos", contiene 30 artículos y será incluida en el temario de sesiones extraordinarias que el Gobierno convocará por decreto en las próximas horas.

En los fundamentos del proyecto, se destaca que "es de público y notorio conocimiento que la violencia generada en torno a dichos espectáculos futbolísticos se ha visto incrementada con el transcurso del tiempo".

"Resulta imperioso para este Gobierno enfrentar dicho flagelo y recuperar las condiciones de tranquilidad, orden y seguridad necesarias a fin de que la sociedad recobre el hábito de disfrutar de un deporte tan arraigado en la idiosincrasia del país. En el espíritu del presente proyecto de ley, subyace la férrea voluntad de terminar específicamente con lo que se conoce comúnmente como `barra bravas`", subraya el texto. 

Las penas para los que integren un "grupo" de 3 o más personas que cometan delitos señalados en la ley serán de 4 a 10 años de cárcel.

A los organizadores que provean entradas a los barras se les impondrá penas de 2 a 4 años de cárcel. Y a los clubes multas entre los $ 600 mil a los $ 20 millones.

La iniciativa incorpora la figura del arrepentido para combatir esta clase de delitos, llegar a la jerarquía de las barras y dar con las ganancias del delito; prohíbe la probation o suspensión del juicio a prueba; e impide la "puerta giratoria" o "libertad por teléfono" de los acusados siguiendo el modelo de la ley de flagrancia.

El proyecto también prevé un procedimiento de juicio abreviado especial donde los dichos de un imputado pueden ser tomados contra el resto de los imputados para probar un hecho. Fuente: NA.-

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