El pasado viernes, una docente de la escuela 1-075 Cordillera de Los Andes, de Godoy Cruz, fue agredida verbalmente por el padre de un alumno que ingresó al establecimiento y la descalificó frente al resto de los estudiantes. Apelando al Código Contravencional de Mendoza, la maestra realizó la denuncia ante la Justicia y el conflicto podría resolverse en los próximos 30 días, ya sea a través de un acuerdo entre las partes o impartiendo condena al agresor.
Cuando la maestra dio a conocer el episodio que vivió, se activaron dos organismos para proceder. Por un lado, el Defensor del docente, una figura prevista en la Ley 9054, de Protección al docente, por la cual, un abogado de la Dirección de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General de Escuelas (DGE), asiste gratuitamente a la víctima cuando se ve involucrada o padece un hecho de violencia u ofensa, ejercicio del derecho que está incorporado dentro del estatuto docente.
De este modo, la maestra junto al Defensor del docente realizaron la denuncia en la Justicia Contravencional, jurisdicción que funciona bajo la órbita del Poder Judicial de Mendoza, segundo organismo que interviene en el caso. Allí, la mujer manifestó haber sido víctima de la contravención de ofensas directas proferidas por el padre de uno de sus alumnos.
Ahora bien, realizada la denuncia, ¿qué pasará? Desde la Dirección de Asuntos Jurídicos de la DGE explicaron que el procedimiento ya está estipulado en el artículo 144 del Código Contravencional de Mendoza, que indica que el Poder Judicial, a través del juez, investigará el hecho.
"Esta contravención tiene una particularidad porque además de haber ocurrido dentro del establecimiento escolar, sucedió frente a los alumnos, lo cual agrava la situación de punición que tiene la falta cometida, elevando al doble tanto el mínimo como el máximo de las sanciones económicas como así también las de arresto que va de 15 a 30 días", explicó Francisco Fernández, director de Asuntos Jurídicos.
Y agregó: "El procedimiento tiene previsto un plazo breve de realización de medidas preventivas y esta semana se va a citar al acusado a para que ejerza su derecho a defensa. Podrá negar o callar los hechos, como así también se puede plantear una solución de conflicto entre las partes que implicaría una especie de arreglo o conciliación que estará siempre supervisado por el juez contravencional".
Hasta aquí, el papel de la DGE entonces es asistir al docente a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos pero el proceso es supervisado exclusivamente por el Poder Judicial, a través del Juzgado de Faltas. Es importante resaltar que estos procesos son breves, es decir, que dentro de los próximos 30 días se resolverá el conflicto.
"Será por medio de la conciliación o la condena que va entre los 14 mil y los 28500 pesos de condena económica, salvo que se sume el agravante de que sucedió frente a los estudiantes, y se duplicarían tanto el mínimo como el máximo pecuniario. Esto también incluye una pena de arresto entre 15 días a 30 días pero, reitero, como existe este agravante, podría subir de 15 a 30 días como de 30 a 60 días de arresto", concluyó el funcionario.
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