Los 1255 beneficiarios que tiene el Programa Federal Incluir Salud en Mendoza dejarán de recibir la prestación de servicios a partir del próximo 10 de noviembre. Así lo anunciaron este martes los representantes de asociaciones educativas y los transportistas. La decisión se toma a partir del atraso en los pagos que mantiene la Vicepresidencia de la Nación- a través de la Agencia Nacional de Discapacidad- con las prestadoras desde el año pasado.
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Por falta de pago, personas con discapacidad dejarán de recibir servicios terapéuticos
En el Parque Central- donde se convocaron las asociaciones e instituciones- se leyó una carta dirigida a Juan Manuel García, titular del Incluir Salud en el que le informan la suspensión de las prestaciones: "(...) nos vemos obligados a dejar de atender a los pacientes del Programa Federal Incluir Salud hasta tanto regularice sus obligaciones incluido el período correspondiente al mes de julio 2018 y el pago del 20% retenido indebidamente y sin ningún tipo de justificación de los meses de agosto, septiembre y agosto de 2017. Los servicios se prestarán con normalidad hasta el 10 de noviembre, fecha en la cual los mismos cesarán", indica el texto.
Al respecto, Carlos Alberto Múñoz, de la Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales Argentinos (Aiepesa), explicó: "La deuda que tiene el programa a nivel nacional hace que resulte imposible continuar con la prestación de servicios. Hay 35 mil personas bajo este programa en todo el país y las instituciones ya no pueden abonar los sueldos y los transportistas no pueden cargar combustible. Nos hicieron promesas que no cumplieron. Nos habían dicho que cuando ingresara el dinero por un decreto, esto fue hace 30 días, se pagaría. La Agencia Nacional de Discapacidad recibió 2600 millones de pesos y apenas se han pagado algunas deudas del año anterior y se completó el mes de marzo. Esto quiere decir que muy poco de esos fondos fue destinado a discapacidad".
Instituciones acompañaron a personas con discapacidad en un nuevo reclamo por la deuda de Incluir Salud. Fotos: Yemel Fil.
Y agregó, tajante: "La situación ha llegado a tal punto que en breve no se va a poder prestar más el servicio, habrá suspensión de actividades. Es importante destacar que las instituciones nunca cortaron los servicios, los transportistas tampoco, pero al no pagar los sueldos de la gente es imposible sostener esto. En Mendoza, hay 1255 beneficiarios de este programa y algunos utilizan más de una prestación".
En la misma línea, Rodolfo Rubinstein, de la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad (ATAECaDis) habló de la situación en su sector. Afirmó que todas las partes involucradas están atravesando una situación "terminal" por la deuda que acarrea varios meses.
"Hemos llegado a una etapa terminal, ya nos habíamos manifestado el pasado 30 de agosto y la situación en este momento es realmente muy difícil y tenemos muchos problemas para seguir otorgando las prestaciones. Para Incluir Salud, hay 150 permisionarios habilitados en lo que es el transporte para personas con discapacidad y sólo en este programa tenemos entre 1500 y 2000 personas con 3.400 prestaciones, porque no sólo se los traslada a las escuelas sino también a centros de rehabilitación", señaló Rubinstein.
En Mendoza, Incluir Salud tiene 1255 beneficiarios. Fotos: Yemel Fil.
Y concluyó: "La deuda asciende a los 8 mil millones de pesos. Estamos todos juntos en esta situación. En el caso de los transportistas tienen llegada de pago a través de las instituciones y de forma directa pero no llega de ninguna manera. Las instituciones están asfixiadas. El pasado 30 de agosto comentamos que tenemos deuda del 2017, nos deben el 60% de ese año y la readecuación de aranceles, trabajamos con los que regían cuando el combustible valía 16 pesos y hoy está llegando a los 40 pesos. Es imposible seguir, anunciamos la suspensión de servicios, eso es inminente".
Si bien es ilegal que una persona deje de percibir cobertura por parte del Estado, Germán Ejarque, presidente de la Asociación Civil Por Más Inclusión, explicó que la situación puede ser al revés: "que los trabajadores dejen de prestar servicios y, con esta situación, tienen amparo legal y las precaucions para evitar incurrir en abandono de persona. Eso es lo que está pasando".