El dinero que aporta el Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC) al Gobierno provincial para sostener políticas públicas en salud es clave. Por eso llamó mucho la atención la denuncia pública que hicieron el diputado provincial Lucas Ilardo (Unidad Ciudadana) y el titular de la Unión Personal de Juego Casino de Mendoza, Martín Caín, quienes presentaron un informe del Tribunal de Cuentas sobre el ejercicio 2017 que da cuenta de un monto no transferido 93 millones de pesos.
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¿Por qué faltan $93 millones que Casinos debía transferir al Gobierno provincial?
"Nos preocupa sobremanera, es muchísimo dinero", dijo Ilardo y aseguró que pedirán explicaciones y concurrirán a la Fiscalía de Estado. "Pueden estar incurriendo en un grave delito", agregó.
Quien comanda el IPJyC es la demócrata alineada a Cambia Mendoza, Josefina Canale, que ha tendido otros cruces con Cain e Ilardo.
Según lo establece la Ley de Responsabilidad Fiscal (nº 7314), año a año, Casinos debe transferir el 35% de sus ingresos brutos al Estado provincial para programas de salud preestablecidos (Incaimen, plan oncológico provincial, plan de diabetes, entre otros) y planes sociales.
Esos 93.598.663 pesos, ese dinero "no transferido" al cierre de 2017, sale de la diferencia entre los 245.701591 pesos estipulados en el Presupuesto y los 125.375.000 que sí llegaron a las arcas provinciales.
Según explicó Canale a Sitio Andino, "históricamente, salvo unos pocos años, nunca se llegó a ese cupo de 35%. Porque el IPJyC tiene que subvencionar sus propios gastos y, después de eso, se envía el dinero a la Provincia".
"El Tribunal de Cuentas, cuando revisa el resultado de un año, lo que hace es poner esa diferencia entre el techo que pone la ley de Presupuesto y lo que efectivamente se envió, que se pone como deuda flotante. Te imaginás que si el Tribunal detecta una diferencia de esa magnitud haría directamente la denuncia en la Fiscalía de Estado", agregó la funcionaria.
"Lo que está haciendo (el Tribunal de Cuentas) es un tema contable para preguntarnos por qué no se llegó, sin ponernos multa ni cargo", sumó Canale, quien resaltó: "No es dinero que retengamos ni que se haya desviado, ni mucho menos".
Josefina Canale. Foto/Archivo: Axel Lloret
Hasta allí, la explicación técnica, pero ante la pregunta sobre por qué no se llega sistemáticamente al cupo del 35% requerido por ley, Canale recordó qué pasó cuando iniciaron la gestión.
"Al iniciar nuestra gestión tuvimos que pagar en 2016 unos 100 millones de pesos en deuda acumulada de 2015. Y en 2017, no llegamos (al cupo del 35%), en parte, porque cerramos 5 casinos", acotó la titular de Casinos.
La mujer argumentó que el cierre de salas, que fue una decisión política, generó menos ingresos durante 2017.
Asimismo, en 2018 tampoco se cumplirá con esa meta, ya que, según los argumentos de Canale, hay dos razones: una es que entre 2014 y 2015 se duplicó la planta de personal permanente, la otra es que el canon que se paga a la empresa de maneja los tragamonedas (Mendoza Central Entretenimientos) pasó del 24% a casi el 50%. "Esos dos temas impiden llegar al cupo", dijo la demócrata.
De esta manera, resta saber si el Tribunal de Cuentas, con la explicaciones oficiales en curso, se dará por satisfecho o no.