Este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó la ley para la resocialización mediante la educación, la capacitación y el trabajo obligatorio de los presos y participación de la víctima". El proyecto tenía media sanción del Senado. La iniciativa fue anunciada por el gobernador Alfredo Cornejo durante la asamblea legislativa del 1 de mayo.
El proyecto, que recibió sanción del Senado 24 horas antes, recibió el visto bueno de 41 diputados, mientras que 4 votaron en contra (el Frente de Izquierda), 2 justicialistas se abstuvieron y 1 legisladora se descompensó antes de la votación, por lo que figura como ausente. Ahora la norma sólo necesita la promulgación del gobernador (lo cual ocurriría la próxima semana) para transformarse en ley.
Los presos estarán obligados a trabajar y el gobierno deberá generar más de 2.000 empleos.
La nueva ley prevé la obligatoriedad de los presos con condena de Mendoza de trabajar para poder acceder a ciertos beneficios, como la prisión domiciliaria o salidas transitorias. Actualmente sólo el 20% de los 2.400 reos de la provincia trabajan y, la gran mayoría, lo hacen en la informalidad.
La flamante norma, por el contrario, busca que todos los presos condenados de las cárceles provinciales trabajen y, de esta forma, puedan recibir un salario para ayudar a su familia en el exterior, retribuir monetariamente a las víctimas de sus actos delictivos y ahorrar para el momento de su salida en libertad.
Quien mostró su alegría por la sanción definitiva de la ley fue el ministro de Seguridad, Gianni Venier, quien su puso al hombro la iniciativa y hoy, minutos después de la aprobación, resaltó: "Estamos muy estimulados, porque esta es una idea que venimos trabajando desde el año pasado con mucha fuerza. Tenemos una gran esperanza, probada en los hechos, de que si al trabajo lo instalamos en el centro de la escena vamos a obligar a todos los presos a que tengan una vida estable, ordenada, aprendiendo y produciendo".
Venier celebró la sanción de la ley y aseguró que será clave para combatir la inseguridad.
Un dato a tener en cuenta es que el sistema penitenciario no está preparado en la actualidad para brindar trabajo a los 2.400 presos que vive en las cárceles. Hará falta mucha inversión y trabajo para lograr los más de 2.000 puestos de empleo que faltan. Sobre esto, el ministro resaltó: "Esperamos tener los primeros resultados este año".
"No queremos ponernos plazos, no vamos a decir exactamente cuándo estaremos en condiciones de brindar pleno empleo en las cárceles, pero si esperamos que los resultados se vean pronto. Ya hay ministerios del Estado planeando tareas y empresas que han consultado las condiciones para brindar empleo", agregó Venier en diálogo con Sitio Andino.
Para dar algunos ejemplos, desde el Gobierno piensan en la posibilidad de instalar una fábrica estatal de panificados en el penal para que los detenidos realicen los alimentos para distribuir en los colegios de la provincia y diversos comedores escolares. "Con esto podemos dar trabajo a 300 personas y además el Estado se ahorra pagarle a un privado por lo que pueden hacer los presos y ganar el dinero ellos", fundamentó Venier.
Otro punto a destacar es que, una vez que la ley esté vigente y funcionando plenamente, los presos pagarán con parte de su salario por la alimentación y el alojamiento que reciben dentro del penal. Además, por ejemplo, si algún detenido realiza algún acto de vandalismo contra las instalaciones carcelarias, los costos por su reparación serán descontados del sueldo.
Así, el proyecto que anunció el gobernador el 1º de mayo ya se transformó en ley sólo 9 días después. No obstante este es sólo el primero paso y ahora el Gobierno tiene por delante la difícil tarea de conseguirle empleo a todos los presos con condena de Mendoza.