La reforma electoral de Alfredo Cornejo ya es ley. Le dio sanción definitiva la Cámara de Diputados en una cerradísima votación que obligó al presidente del cuerpo, al cornejista Néstor Parés, a desempatar el pleito luego de que el conteo marcara 24 a 24. La nota preocupante, si se quiere para la unidad del oficialismo, fue dada por el diputado massista Guillermo Pereyra, aliado de Cambia Mendoza, quien votó en contra molesto porque no ha sido tenido en cuenta en las discusiones previas, según se quejó, y porque tampoco se permitió incluir en el texto la ampliación del cupo femenino en las listas de candidatos: del 30 por ciento como es actualmente, al 50, una exigencia que también incluía en sus propuestas la primera minoría opositora, el Frente para la Victoria que también votó en contra.
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Entre las promesas oficialistas y la nada misma opositora
Cornejo tiene su ley, pero es una ley sin consenso. No fue el resultado de un acuerdo amplio con el resto de los sectores. Con lo que es probable, demasiado probable, que esta norma tenga una vida relativamente corta si la relación de fuerzas cambia en la Legislatura o cuando llegue otro gobierno.
La falta de acuerdo es lo que ensombrece a una norma de este tipo que debió discutirse en tiempos alejados a los climas electorales, siempre viciados por los intereses sectoriales y dominados por las especulaciones.
Hoy Cornejo es el gran jefe absoluto en Mendoza, de la política y de su clima. La Legislatura danza a su ritmo, situación que se encargaron de remarcar desde la oposición hasta el hartazgo durante la discusión de la reforma electoral. Claro que se utilizaron otros términos para describir el momento: por caso, el famoso mote de escribanía para definir a una Legislatura en donde el oficialismo tiene bajo su control la tramoya de las leyes que allí se discuten.
En términos concretos, el gobernador ya está en condiciones de definir el cronograma electoral que tendremos los mendocinos. Ahora, por esta ley podrá, si así lo dispone, ordenar que votemos en las mismas fechas que el cronograma nacional, esto es en agosto las PASO y en octubre las generales de medio término o bien decretar un desenganche con la nación para lo cual podrá optar, en este caso, por el primer domingo de febrero del 2018 para las PASO provinciales y para el mes de abril del mismo año las generales.
Los intendentes peronistas -como los legisladores que les responden-, cuestionaron la ley por varias razones. Si nos concentramos en las fechas electorales, los jefes comunales opositores se quejan porque la ley les fijó una fecha inamovible para realizar sus propias elecciones departamentales (diciembre y febrero) para el caso que quieran desdoblar; pero claro, sin que la provincia les financie el gasto del operativo si es que elijen tal variante.
En verdad, es decididamente lastimoso, sin caer en ingenuidades políticas, que tanto el gobernador de turno de la provincia, como los intendentes de ocasión, cuenten con el control de su propio arbitrio el definir el calendario electoral. Porque todos especularán, siempre, más tarde o más temprano. Como lo hizo Cornejo cuando gobernaba la intendencia de Godoy Cruz. Como ya lo definió Jorge Difonso, el jefe comunal de San Carlos, quien ya definió antes de que se aprobara esta ley, que allí se votará el 3 de diciembre en las PASO y el 25 de febrero la general para concejales.
La ley prohíbe, de ahora en más, el festival de listas colectoras o espejo que reclamaba el peronismo y ordena que al menos en un 30 por ciento de las mesas electorales se aplique el voto electrónico. Sobre este punto particularmente, es posible que el oficialismo disponga que para el momento en que se realicen las elecciones, y para evitar situaciones aún más confusas, que en todo un distrito electoral se implemente el sistema electrónico.
El gobernador es el amo de la situación política en la provincia. Hoy evalúa cuándo llamar a elecciones. Se tiene toda la impresión de que se votará en forma conjunta con la nación. Pero también se especula que si sus operadores logran destrabar con el peronismo la por ahora suspendida discusión sobre una posible reforma de la Constitución, y si en caso se avance -lo que a esta altura de la situación sería casi un milagro político- incluyendo en la discusión la habilitación de Cornejo para buscar la reelección, no sería nada extraño que disponga que se vote en febrero y abril del año que viene para incluir en esa elección el referéndum por la modificación de la Constitución.
En cuanto a las chances del oficialismo de cara al proceso electoral, hay que decir que están atadas, como todo en la política provincial, al propio Cornejo. Cornejo es, en concreto, la carta de triunfo del oficialismo y también la puerta hacia posible un traspié. Porque la oposición está lejos de conformarse en alternativa al Universo Cornejo. La oposición no ha logrado dar con un discurso distinto que, al menos, obligue a pensar a la ciudadanía, en especial aquella porción que no está atada a los pensamientos ideológicos tradicionales y que se mueve estimulada por la situación económica hacia un lado u otro, por un proyecto de provincia claro y determinado y hasta por humores de coyuntura.
Se sabe, todos los sabemos, que la provincia no ha tenido mejorías en las variables que le dan esperanza de auge a su economía, al desarrollo, a las oportunidades de crecimiento y de empleo. Por ahora sólo se escuchan diatribas prometedoras de que llegará en algún momento el Arca de Noé plagada de inversiones. Pero lo que no existe tampoco conforma un peligro para el actual oficialismo, porque enfrente no hay nada. O mejor dicho, sólo existe la nada misma.