Milena Gómez fue una de las tantas mujeres y hombres que, atraídas por la posibilidad de acceder a una vivienda social, se acercó un día a la sede de la Tupac Amaru que el Clan Rojas regenteaba con mano firme en Lavalle. Eran los tiempos de gloria de la organización cooperativista, fuertemente ligada al gobierno de Cristina Fernández y con una incidencia omnímoda en las operatorias de viviendas del pequeño Estado de Lavalle, el municipio conducido por el peronista Roberto Righi.
- Sitio Andino >
- Opinión >
Tupac: la historia de Milena, la primera en denunciar al Clan Rojas
Milena había convencido a su esposo de acercarse a la Tupac para averiguar los trámites a seguir para conseguir así, de una buena vez, la ansiada vivienda para toda la vida. Se inscribieron, recibieron escrito en papel los requisitos a cumplir, los que ya se saben de memoria tales como mantener un papel activo en la organización participando de las marchas, portando palos y banderas, las pecheras correspondientes, saber de memoria los cánticos de la agrupación, el valor de la cuota a pagar y todas esas condiciones a cumplir por los beneficiarios que están bajo observación fina por parte de la investigación judicial que se lleva hoy adelante.
Y así arrancaron detrás del sueño de la casa. La familia de Milena se involucró con cuerpo y alma en la gesta y en el proyecto. Como lo hizo la mayoría de las familias inscriptas y seleccionadas por el clan de Nélida Rojas para construir viviendas. El marido de Milena, como albañil que es, elaboró día tras día el cemento y junto al resto de la familia fueron pegando uno a uno los ladrillos de la construcción de su casa. Hasta que se terminó la obra gruesa, los techos, las puertas y las aberturas.
Un buen día Milena enfermó y no pudo asistir a una de las reuniones habituales del clan. Tampoco a las marchas y manifestaciones públicas para vivar a Cristina, con lo que Milena y su familia fueron borrados de la lista de beneficiarios. Así y todo, Milena ocupó la casa que había levantado con sus propias manos, pagando las cuotas correspondientes y cumpliendo con el evangelio.
Pero por la noche, una turba de exaltados, munidos de palos y fierros, golpeando ventanas y puertas y lanzándole piedras a la vivienda, le ordenó dejar la casa por incumplimiento del protocolo. Parapetada en el interior, Milena escuchó a un hombre reclamarle, en medio de esa manifestación en su contra, a la líder del clan, Nélida Rojas, que debía cumplir con lo acordado. Que la familia que estaba dentro de la casa se tenía que ir porque él había pagado a la Tupac 30 mil pesos por una vivienda que estaba ocupada. En resumen, afuera de su propia casa, un grupo de manifestantes amenazaba con sacarlos a patadas porque su vivienda debía ser ocupada por un señor que le había pagado a Nélida 30 mil pesos por la compra de esa casa.
La familia de Milena resistió. Un día, dos, tres más. Como no se iban, la Tupac procedió a cortarle la luz y al otro día el agua. Durante quince días vivieron amenazados por la organización, hostigados, sin luz y sin agua, hasta que harta, Milena fue a la justicia a denunciar lo que le estaba ocurriendo. La fiscal Gabriela Chaves, la misma que hoy investiga estafas, extorsión, coacción, malversación de fondos y una posible asociación ilícita ordenó restituir los servicios.
Quienes soportaron la embestida, como Milena, han logrado mantenerse en sus casas. Quienes no, la mayoría, debió emigrar y dejar sus viviendas abandonadas para ser ocupadas por quienes la Tupac seleccionó de acuerdo con su criterio o a quienes la Tupac les vendió las mismas casas por valores cercanos a los 30 mil pesos.
El lunes pasado, la fiscal Chaves recibió una denuncia de un ciudadano que se siente estafado porque le entregó a la Tupac 30 mil pesos por una casa que nunca le fue entregada.
Ayer fue un día de cierta tranquilidad en la causa. La fiscal se ha concentrado en analizar la documentación que ha acumulado de acuerdo con lo que secuestró en el municipio y con aquello que le aportaron gerentes, directivos y empleados del Banco Nación que en la semana pasaron por su despacho. La documentación que han aportado desde el Banco Nación sucursal Lavalle es clave para lo que viene. Se sabrá en días más. Pero hay promesa de alto impacto por todo lo que amenaza con salir a la superficie en torno a la ruta del dinero que manejó el Clan Rojas por varios años. El propio intendente Roberto Righi admitió en Radio Andina que la cifra que pasó por su despacho para ser girada a la Tupac oscila entre los 150 y 200 millones de pesos.
En la mira de la investigación judicial hay varios objetivos que debían haber sido allanados el fin de semana pasado, pero que fueron demorados por la jueza de Garantías, Alejandra Mauricio. Uno de esos objetivos era un galpón en donde funcionó por un tiempo un burdel denominado Pelíkano. El prostíbulo ya no funciona más como tal. Fue cerrado y clausurado luego de una andanada de denuncias que aseguraban que allí pasaba cualquier tipo de cosas extrañas, entre ellas la trata de personas. El galpón, una vez cerrado para el burdel, fue alquilado por la Tupac para utilizarlo como depósito de maquinarias de construcción y documentación. Desde el fin de semana pasado, cuentan, ya no quedan rastros de lo que la fiscalía tenía la certeza de que existía.
Una muestra, sólo una muestra, de la confrontación de intereses que ha despertado la investigación a la Tupac mendocina. Y del poder de influencia que todavía mantiene la organización en sectores de la Justicia y otros directamente vinculados con la política.