Actualmente, en el sistema penitenciario de Mendoza hay 659 presos por abuso sexual, de los cuales 51 cumplen prisión domiciliaria. La mayoría- 356 detenidos- se encuentran en el penal de Almafuerte y el resto se dividen en las distintas cárceles de la provincia.
Una vez detenido por este delito, los reos tienen la opción de ingresar al "Programa para la prevención de la reincidencia del delito de índole sexual". Sin embargo, no es obligatorio y al menos la mitad de los que participan piden la baja voluntaria durante el cursado.
"El objetivo es disminuir el grado de reincidencia en estas personas detenidas por haber cometido el delito de abuso sexual. El programa dura dos años y se dicta una vez a la semana durante dos horas. Se trabaja con grupos cerrados de hasta 12 personas porque es habitual que la mitad pida la baja voluntaria", explicó Esteban Lupiañez, encargado del programa que tiene lugar en todos los penales donde hayan condenados por delito sexual. Y siguió: "Cuando abandonan el cursado, se les brinda talleres motivacionales para que vuelvan a sumarse".
Mientras que la jueza de la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton de Nolasco, afirmaba en recientes declaraciones, que "las personas salen de la cárcel igual o peor que entraron" porque no existe tratamiento para violadores o abusadores dentro de los penales, en Mendoza sí existe uno aunque no es obligatorio.
Quiénes y cómo ingresan al Programa
Para ingresar se realiza una entrevista previa de admisión porque el interesado debe cumplir con ciertas características para que el tratamiento pueda alcanzar su objetivo. Por esto, son necesarias ciertas condiciones psicológicas y emocionales, el potencial paciente debe reconocer que tiene un problema y mostrar verdadera predisposición de modificar su conducta. Cada caso es particular y un grupo de psicólogos y una asistente social aborda cada uno.
Del programa, que funciona desde el año 2011, hoy participan entre 60 y 70 internos aproximadamente.
El modelo se importó desde España por los resultados positivos que presentó en ese país. En estos 6 años, unos 150 condenados por abuso sexual cursaron el programa y sólo 20 lo finalizó con éxito: "Normalmente se recomienda que soliciten ingresar al tratamiento cuando están cerca de la posibilidad de pedir la libertad condicional. Por ejemplo, los 20 que culminaron el curso, no han vuelto a reincidir. Esto no se debe sólo al programa sino también a otros factores y características de cada uno", señaló Lupiañez.
Además, los informes que elabora este programa no son vinculantes al momento en el que los presos solicitan la libertad condicional. "Nosotros no aconsejamos ni desaconsejamos la liberación de un paciente. Lo que hacemos es informar cuál es el módulo que el detenido actualmente está cursando- son 12 módulos en total- y si ha conseguido alcanzar los objetivos de cada uno. A partir de ahí, la decisión es únicamente del juez que decidirá si otorga o no este beneficio", detalló el psicólogo especialista en terapia cognitiva conductual.
Es importante destacar que este programa comienza a funcionar en Mendoza tras los comentarios durante la gestión del ex gobernador Celso Jaque sobre la posibilidad de aplicar la castración química. "Surge de ese anuncio que se dio en la época de Jaque. En aquel momento se reunió un comité de expertos de distintas ramas como la sexología, endocrinología, psiquiatría, psicología. Ahí se decidió que la castración química no es una de las mejores soluciones para estos casos", expresó el responsable del programa de abordaje a detenidos por abuso sexual.
Y agregó: "El hecho de disminuir el apetito, el deseo sexual a través de fármacos como plantea esta castración tendría efectos contraproducentes ya que generaría en el paciente un aumento en niveles de ansiedad, ira y frustración y podría reaccionar de forma agresiva. Además, perjudica su vida privada", dijo.
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