Las declaraciones de Josefina Canale, directora del Instituto de Juegos y Casinos, no cayeron nada bien en la empresa Betec, operadora del anexo Tupungato y dueña de la concesión de las máquinas tragamonedas.
24 de julio de 2026
Las declaraciones de Josefina Canale, directora del Instituto de Juegos y Casinos, no cayeron nada bien en la empresa Betec, operadora del anexo Tupungato y dueña de la concesión de las máquinas tragamonedas.
Es que Canale responsabilizó directamente a Betec por el robo millonario perpetrado en el casino y hasta afirmó que el Estado le descontará el monto sustraído a esa empresa, que recibe un porcentaje de las ganancias de la sala de juegos.
A raíz de esto, desde la firma salieron a desmentir los dichos de la funcionaria y hasta negaron que Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors, sea el dueño de la empresa.
"Angelici es un accionista minoritario. No llega al 20% de las acciones, no está en el directorio ni tiene poder de decisión. Está claro que destaca eso para que la opinión pública esté de su lado", lanzó Sergio Pallerada, abogado de Betec S.A.
El letrado explicó el funcionamiento del casino, para demostrar que su empresa no es responsable del atraco. "Nosotros solamente somos responsables de sacar el dinero de las máquinas y se lo entregamos al personal de casinos. Ellos lo llevan a la tesorería y a la bóveda", explicó.
"Ella -por Canale- no puede decir con tanta soltura que la responsable es la empresa, cuando el robo o hurto ocurrió en un lugar donde la seguridad es exclusiva del Instituto de Juegos y Casinos y al que Betec no tiene permitido el acceso", agregó.
En ese sentido, Pallerada insistió en el personal de la operadora no tiene "ni llave, ni clave" de la caja fuerte. Como así también aclaró que el sistema de cámaras de seguridad también está a cargo del Casino.
Enojo por el supuesto descuento
Canale aseguró en declaraciones a Radio Andina que el Estado descontará el monto sustraído del canon a la empresa Betec.
Audio de Canale en diálogo con Marcelo Torrez, en Sin Verso:
Esto enfureció a la operadora, desde donde indicaron que el Insituto "no tiene facultad para tomar esa decisión".
Si ellos consideran que hubo responsabilidad de la empresa que reclamen judicialmente. No puede hacer justicia por mano propia, porque no tiene pruebas ni la facultad para hacerlo. No puede juzgar así nomás", aclaró el abogado.
En base a eso, confirmó que si el Estado toma esa decisión se iniciarán acciones legales.
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