La extraña y sospechosa fuga de tres presos del penal de Almafuerte aún sigue despertando sorpresas. Desde que se conoció la noticia, el sábado por la mañana, se iniciaron dos investigaciones paralelas. Por un lado, la judicial, a cargo de la fiscal especial Claudia Ríos, y por otro la administrativa, desde donde se ordenó la separación temporaria del cargo de los agentes encargados de los controles cuando ocurrió la fuga.
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Fuga en Almafuerte: tres penitenciarios llevaban menos de un año en el penal
De los nueve agentes separados de su cargo mientras avanza la investigación judicial, algunos llevaban muy poco tiempo en Cacheuta. En promedio, todos prestaban servicios en la penitenciaría desde hace cinco años.
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En términos generales ninguno había sufrido apercibimientos, confirmó a SITIO ANDINO Sarmiento.
Si bien esto no significa que los hombres tuvieran poca experiencia, sí podría contribuir a una de las hipótesis que se barajan, en la cual se trataría de una conspiración contra las autoridades penitenciarias, luego de la denuncia en San Felipe.
Hasta las últimas consecuencias
Por su parte, desde la Inspección General de Seguridad comenzaron una investigación de los agentes separados de su cargo.
Es algo gravísimo lo que ha sucedido, y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para poder resolverlo, dijo a SITIO ANDINO Félix Pesce, titular del organismo.
Para Pesce se trató o de una falla en los mecanismos de control o de una facilitación de la fuga, y en cualquiera de los casos de trata de algo alarmante.
Desde la Inspección seguirán adelante con la evaluación de los legajos de cada uno de los agentes y con el análisis de las grabaciones y declaraciones a fin de llegar a una conclusión.
Serían imputados
Si bien la investigación judicial, a cargo de Ríos, permanece bajo secreto de sumario, por el momento no hay personas imputadas en la causa, aunque no se descarta que en las próximas horas haya novedades.
Con el libro de novedades del penal y las grabaciones del momento de la fuga se contaría con los elementos necesarios para definir el grado de responsabilidad que le cabría a cada agente.
Según trascendió, los penitenciarios podrían ser imputados por el delitos de favorecimiento de evasión, cuya pena contempla hasta los 4 años de prisión.