La distribuidora mayorista Diarco se hará cargo desde hoy de la empresa Frutihortícola San Rafael, ubicada en la zona de Mendoza, luego de la intervención del gobierno provincial que facilitó un acuerdo entre privados para preservar los puestos laborales de casi medio millar de trabajadores, sin alterar salarios ni funciones.
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Diarco se hace del control de Frutihortícola San Rafael
La distribuidora mayorista Diarco se hará cargo desde hoy de la empresa mendocina. Gestión del Gobierno.
"El objetivo principal del acompañamiento por parte del gobierno tuvo que ver con que, a pesar de la venta de la empresa, la totalidad de los empleados conservaran sus puestos de trabajos con las mismas condiciones que las actuales en cuanto a salarios, antigüedad, cargos, etcétera", comentó hoy el subsecretario de Industria y Comercio de Mendoza, Guillermo Cruz.
Para arribar a este acuerdo hubo extensas negociaciones entre las firmas privadas y el gobierno provincial, representado por autoridades del ministerio de Economía, Infraestructura y Energía.
El resultado del acuerdo es la continuidad de la actividad en esta planta industrial dedicada al enlatado de frutas, principalmente producidas en la zona sur de San Rafael.
"Otro de los puntos que se pretendía garantizar era que se cumpliera con el plan de pago prometido por Cartellone (anteriores propietarios de la planta), en relación al atraso salarial que padecían los empleados, que se terminará de cumplir mañana jueves 3 de noviembre cuando se les abone el mes de octubre, quedando de esta manera al día", informaron desde el gobierno mendocino.
"Se comunicó con nosotros José Salcedo, gerente de Cartellone, para agradecernos el acompañamiento brindado durante todo el proceso de negociación, cuyos resultados nos pone muy contentos ya que todos los empleados de la empresa conservaron sus puestos de trabajo", concluyó Guillermo Cruz.
La firma atravesaba una grave crisis desde hace un tiempo, por lo que los directivos recurrieron a la paralización de algunas actividades, la interrupción del servicio eléctrico por falta de pago y deudas a proveedores y empleados.
La participación del gobierno en este traspaso y las gestiones realizadas incluyeron la suspensión de la medida judicial cuando en junio pasado, la justicia había intentado incautar 4 millones de latas de durazno al natural que estaban almacenadas en la empresa debido al reclamo de la empresa Coto.
La intervención oficial volvió atrás esa medida, que era resistida por los trabajadores y proveedores, que pretendían poder cobrar lo adeudado con esos productos. Fuente: Télam