Dos pruebas clave en la causa que investiga el brutal femicidio de Julieta González, la joven que fue hallada sin vida a orillas de la ruta 7 en Cacheuta, llegaron a manos de la fiscal Claudia Ríos y terminaron de complicar al principal acusado, Andrés Di Cesare (23), hijo de un empresario de transporte.
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Di Cesare acorralado: la sangre hallada en su auto es de Julieta
Además, un cotejo de ADN confirmó que los restos encontrados en las uñas de la joven es piel del acusado. Pidieron la prisión domiciliaria pero los peritos lo rechazan.
El auto de Di Cesare. Se cree que en este coche atacaron y/o trasladaron a la víctima.
Es que un cotejo de ADN confirmó que la sangre hallada en el auto del sospechoso es de Julieta y a su vez la misma pericia ratificó que los restos encontrados en las uñas de la joven eran pedazos de piel del acusado.
Con estas dos pruebas, la fiscal pedirá la prisión preventiva y junto a los otros indicios que ya tenía el expediente -análisis de los teléfonos y cámaras, entre otros- se cree que el joven será juzgado en un juicio oral, donde puede recibir una pena de prisión perpetua.
Los informes científicos llegaron a manos de la fiscal en las últimas horas. Estos ratifican que los restos encontrados en el asiento del acompañante del Ford Fiesta Kinetic de Di Cesare son de Julieta.
Por lo tanto, los sabuesos dan por hecho que la chica o bien fue atacada dentro del auto o trasladada en ese coche hasta ruta 7, donde fue abandonada.
Pero el otro dato es sumamente importante. Es que al hallar restos de piel en las uñas de la chica, se confirmaría que Di Cesare atacó a la joven y que esta, en el afán de defenderse, rasguñó al ahora imputado.
Esto, sumado al entre cruzamiento de llamadas y mensajes de texto, y al análisis de las redes sociales de víctima y victimario, terminan de complicar a Di Cesare.
Complicado. El joven de 23 años arriesga una pena a prisión perpetua.
¿Prisión domiciliaria?
La semana anterior, la defensa de Di Cesare solicitó la prisión domiciliaria para el imputado. Ante esto, Ríos solicitó dos informes para definir el requerimiento.
El primero fue una encuesta ambiental, que ya se realizó y no fue exitosa para el sospechoso. Es que los funcionarios, tras entrevistar a familiares y recorrer el lugar donde cumpliría ese régimen, determinaron que "no es recomendable acceder a una prisión domiciliaria".
En el mismo informe, los especialistas dijeron que "el régimen actual de detención -en la cárcel- cuenta con requisitos suficientes para resguardar su integridad física".
Ahora bien, la fiscal espera aún el informe psicológico del imputado. Sin el resultado de esta medida, Ríos no puede tomar la decisión, aunque fuentes cercanas a la magistrada dijeron que la respuesta sería negativa.