Una charla sobre aborto no punible generó un fuerte cruce entre legisladores
Su objetivo era informar sobre el derecho de la mujer de abortar si su caso está contemplado en el CP. El diputado que votó en contra de la charla forma parte de la Bicameral de Género y Diversidad.
El artículo 86 en sus incisos 1 y 2 del Código Penal de Argentina estipula que en caso de violación o si el embarazo pone en riesgo la salud y/o la vida de la mujer, ella tiene derecho a solicitar la interrupción del embarazo sin que esto esté penado por ley. Pero aunque esta legislación y su protocolo- publicado en el 2010 y actualizado en el 2015- es de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional y debe ser puesto en práctica por todas las instituciones sanitarias, tanto públicas como privadas, esto actualmente no se cumple en Mendoza ni en otros puntos del país. De hecho, el último caso que se conoció en nuestra provincia ocurrió en el 2010 cuando el director del hospital de San Martín confirmó que se había solicitado interrumpir el embarazo de una niña de 14 años con discapacidad mental, caso que ingresó al Perrupato ya judicializado y que debía aguardar la expedición de la Justicia y del comité de Bioética de la Institución. Un hecho que, como su antecesor, estaba contemplado por la ley. Ahora el tema volvió a la Legislatura en forma de foro debate, es decir, como una charla informativa. No obstante, la iniciativa causó controversia y dio lugar a un fuerte cruce entre dos diputados que, curiosamente, forman parte de la Bicameral de Género y Diversidad.
Ya lo explica bien la introducción del libro "El aborto no punible en el derecho argentino" de Paola Bergallo, doctora en derecho por la Universidad de Stanford, profesora e investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo y de Agustina Ramón Michel, abogada, investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) y profesora de la Universidad de Palermo. Ambas profesionales, referentes en temas de género y derecho reproductivo enfatizan ya desde el primer párrafo que: "La legislación argentina penaliza el aborto con ciertas excepciones establecidas en el artículo 86 del Código Penal de la Nación. Esta norma, sancionada en 1921, fue una de las más permisivas de su época. Sin embargo, aún hoy el acceso de las mujeres a los permisos para abortar concedidos por el Código, se encuentra seriamente restringido. La ausencia de políticas públicas para facilitar el goce de las permisiones, los debates jurídicos irresueltos sobre su alcance, los trámites excesivos en los centros sanitarios y la intervención injustificada del sistema de justicia, son sólo algunos de los obstáculos que deben enfrentar las mujeres al requerir un aborto permitido por la ley".
El aborto no punible tiene un historial de idas y vueltas pero siempre salpicada de fracaso. Una ley sigue sin cumplirse por la presión de algunos movimientos ultra católicos o pro vida de la sociedad mendocina. Esto se suma a los legisladores y funcionarios que reflejan una especie de temor cuando escuchan la palabra aborto. Mientras tanto, en el medio de estas discusiones y demagogia hay algo que pasa hace muchos años y que sigue pasando: cientos de mujeres mueren en la clandestinidad por realizarse un aborto aunque algunas estén contempladas en, repetimos, el Código Penal.
Ante esta innegable realidad, el aborto no punible volvió a surgir, como hace cada uno o dos años, en un intento de hacer cumplir en Mendoza- y en varias provincias- el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Por este motivo, en el anexo de la Legislatura provincial, ubicado en calle Espejo de Ciudad, se realizó hace algunos días un Foro Debate sobre el protocolo ILE, iniciativa impulsada por la diputada Patricia Galván (PJ) y de la que participaron varias organizaciones de mujeres con el objetivo de informar sobre aborto no punible, quienes pueden acceder, cómo deben hacer y qué situaciones pueden encontrar al llegar a un hospital o centro de salud público.
"Creo que, en realidad, el deber de diputados y senadores es legislar acerca de las problemáticas. No podemos no ver lo que está sucediendo: hay un aumento en la cantidad de abortos. Entonces, lo que uno tiene que hacer es reglamentar la práctica para ver en qué condiciones y determinar los lugares en los que se debe aplicar la interrupción legal del embarazo, la que está contemplada en la ley. No estamos hablando de legalizar el aborto en general. Hablamos de hacer cumplir una ley que debe regir en todo el país y que contempla en aborto en ciertas ocasiones. Esto tiene una visión holística sobre el tema. Una visión que tiene que ver con la salud integral de la mujer en todas sus variables: bienestar físico, psíquico, social y todo lo que comprenda el derecho a la salud", comenzó a explicar Patricia Galván diputada del PJ y miembro de la Bicameral de Género y Diversidad.
La legisladora agregó que este foro debate, al que llamó taller, pretendía entre otras cosas poner sobre el tapete una realidad oculta y reflexionar sobre eso, dar espacio al debate, escuchar testimonios, opiniones de mujeres y qué es lo que quieren y piensan ellas, las interesadas.
Sin embargo, la iniciativa de Galván cosechó voces a favor y en contra entre sus pares. Una de las opiniones la brindó Pablo Priore, diputado del PRO quien votó en contra del Foro debate sobre el protocolo ILE. "No estoy a favor y por eso voté en contra", comenzó a explicar el legislador. Y agregó: "Creo que lo que se busca es dibujar abortos en caso de embarazos con supuestas violaciones. Digo, si una mujer no denunció una violación durante 4, 5 meses, desconfío. Creo que eso en realidad se trata de una relación consentida en la que se produce un embarazo y luego la relación termina y quieren abortar ¿y cuándo la violaron? No se sabe, no importa. Sé lo que dice el Código Penal y lo que contempla pero me opongo a los abortos bajo la excusa de violaciones, violaciones no denunciadas. Si no hay denuncia, no hay delito", dijo el legislador quien también conforma la Bicameral de Género y Diversidad.
Los dichos de Priore no fueron bien recibidos por Galván quien calificó a su par de "retrógrado". "Es un pensamiento muy vil y retrógrado porque, en realidad, lo hace desde la ignorancia. Este legislador votó en contra de una charla, de una charla... estamos volviendo a la Edad Media, cuando se decía mejor no hablemos de ese tema'. Me recuerda a cuando empezamos a hablar de instruir salud reproductiva en las escuelas y muchos se quejaban que por eso los chicos iban a tener relaciones sexuales en forma temprana. Parte de la sociedad, en eso, es hipócrita porque no quiere que se den charlas en las escuelas pero prenden el televisor y los niños ven obscenidades todo el tiempo, donde las mujeres son tratadas como objetos, son cosificadas. Eso sí es obsceno y peligroso", apuntó Galván.
La diputada del PJ continuó: "Este pensamiento (el de Priore) da evidencias de que no tiene idea de lo que es la psicología femenina. A ver si entendemos que una mujer nunca quiere practicarse un aborto, es traumático y es terrible, por lo que no puede ser tomado tan livianamente. Es muy mezquino el pensamiento y es lo mismo que decir que muchas mujeres van a decir que fueron violadas para someterse a un aborto. Es una falta de respeto hacia la mujer. Además, cómo puede pensar que, tras ser violada, una mujer queda rápidamente lo suficientemente entera para denunciar una violación. ¿Es consciente de lo que es una violación? ¿Del trauma que genera? Hay niñas, adolescentes y mujeres que son violadas por sus padres u otros familiares, ¿cree que es fácil denunciar? Sus declaraciones denigran al prójimo, es un pensamiento muy básico y muy retrógrado", cerró la legisladora.
"Nos trata de estúpidas"
Los dichos de Priore tampoco fueron bien recibidos por las organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres. Laura Chazarreta, referente de La Colectiva. Afirmó que las declaraciones del legislador son "perversas" porque atentan contra la integridad de las mujeres.
"Hay que saber diferenciar: acá no estamos hablando de la legalización del aborto en general, hablamos de un artículo que está en el Código Penal y que debe cumplirse. Para que se pueda ejecutar de manera correcta hay que reglamentarlo. Eso se hizo, con el protocolo ILE, pero ahora hay que adherir a serie de indicaciones para que los profesionales de la salud sepan qué y cómo deben hacer cuando se presenta una mujer que solicita un aborto, si está contemplada o no en la ley y cómo llevar adelante el proceso. El protocolo explica perfectamente todo eso, sólo debemos adherir", expresó Chazarreta.
La activista continuó: "Es básicamente para que los médicos y médicas no hagan lo que quieran y para no retrasar los tiempos ya que en diez días deben expedirse, tengamos en cuenta que no se puede esperar con un embarazo en curso porque los riesgos crecen. Y al diputado Priore le pido que no nos trate de estúpidas. Sus declaraciones son un insulto a todas las mujeres. No habrá cientos de mujeres corriendo a practicarse un aborto, ¿en qué cabeza cabe que eso es algo que se disfruta? Se trata de mujeres que están peligro de muerte o que fueron violadas, una aberración, no somos objetos, no nos traten de estúpidas y hagan cumplir la ley", cerró Chazarreta.
Para tener en cuenta
Hace algunos años, el Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Comisión Nacional de Programas de Investigación Sanitaria (Conapris), encargó un estudio que se realizó con métodos científicos validados en el mundo y que determinó que en Argentina se producen entre 460 mil y 600 mil interrupciones voluntarias del embarazo por año. Y aquí es necesario detenerse un momento para reflexionar sobre el porcentaje de mujeres que mueren por esta causa. Como las mujeres recurren a prácticas menos o más seguras según sus recursos económicos, unas 60.000 mujeres llegan cada año a las guardias de los hospitales públicos. Sin embargo, son las más pobres, quienes constituyen la mayoría de las más de 200 mujeres que todos los años pierden la vida por un aborto mal practicado (en la clandestinidad) y sus consecuencias.