El Gobierno envió al Congreso el proyecto para limitar los "superpoderes"

En tanto, para los años subsiguientes, la propuesta de la gestión de Cambiemos es ir reduciendo gradualmente el margen para la reasignación de partidas, que para el 2018 la fija en el 7,5 por ciento del total del Presupuesto y mientras que, para el 2019, la lleva al 5 por ciento.

Se trata de una reforma al artículo 37 de la ley de Administración Financiera que concreta algo que ya había sido anunciado desde el Gobierno nacional en distintas oportunidades y que, incluso, había sido tema en la campaña electoral con vistas a las presidenciales. 

El presidente de la comisión de Presupuesto, Luciano Laspina (PRO), afirmó, al opinar sobre este proyecto, que "nosotros pedíamos la limitación de los súper poderes cuando éramos oposición y lo seguimos exigiendo ahora que somos oficialismo", al opinar sobre el proyecto enviado por el gobierno para establece un tope a las atribuciones del gobierno para reformular el presupuesto.

Laspina anticipó a Telam que la iniciativa será analizada esta semana en la comisión de Presupuesto y "seguramente se firmará el despacho" en la misma jornada que está previsto emitir dictamen sobre el proyecto de gastos y recursos para el 2017.

Además Laspina consideró que "es muy adecuado" que se establezca una reducció gradual de los denominados superpoderes hasta llegar "a un cinco por ciento" que es el mismo tope que existe en la ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, el radical Miguel Angel Bazze dijo que "me parece bien que haya una reducción progresiva de las facultades para reformular el presupuesto como había anunciado el gobierno" y dijo que en el gobierno kirchnerista "fue un desastre las superpoderes que tenian para cambiar el presupuesto".

Agregó que el proyecto "es un avance para recuperar las atribuciones del Congreso" y señalo que "estoy convencido de que hay que avanzar en la "eliminación de los superpoderes".

De esta manera, el gobierno de Mauricio Macri resolvió autolimitarse en las atribuciones que ahora tenía para reformular sin topes las partidas presupuestarias y devolverle al Congreso Nacional atribuciones que había perdido en el 2006 en la gestión kirchnerista, cuando se modificó el artículo 37 de la ley de Administración Financiera.

Ahora esta iniciativa recibirá dictamen junto al Presupuesto el próximo jueves en la Comisión de Presupuesto, que conduce el macrista Luciano Laspina, con el objetivo que pueda ser aprobada en una sesión especial que se celebrará el próximo 2 y 3 de noviembre.

Así, el Gobierno concretó el envío de uno de los tres proyectos que había anunciado el ministro de Hacienda Alfonso, Prat Gay, al presentar el proyecto de Presupuesto 2017, y ahora falta la reforma de la ley de Responsabilidad Fiscal que se está acordando con los gobernadores, y de Ganancias.

Uno de los proyectos más complicados es la reforma de Ganancias que el gobierno enviará en los primeros días de noviembre y que el oficialismo en Diputados buscará sancionar el 30 de ese mes, en la última sesión ordinaria del año, con la idea de que el Senado lo trate en sesiones extraordinarias, según indicaron fuentes parlamentarias.

Las dificultades están centradas en que los gobernadores quieren un aumento del mínimo no imponible muy moderado, ya que, cuando fue incrementado en febrero pasado, tuvieron una reducción de recursos de unos 27 mil millones de pesos, ya que Ganancias es un impuesto coparticipable.

En este sentido, fuentes legislativas señalaron que la iniciativa oficial plantea un aumento de un 10 a un 17 por ciento del mínimo no imponible y una nueva escala de Ganancias que modifica el actual régimen, donde se aplican porcentajes del 9 al 35 por ciento.

En tanto, la recorte de los llamados superpoderes busca acotar una facultad delegada por el Congreso al Ejecutivo durante la gestión kirchnerista, que, así, desde el 2006, no tuvo ningún tope para reasignar partidas. 

No obstante, la gestión del Frente para la Victoria utilizó parcialmente esas facultades dado que la mayoría del Presupuesto siempre tiene gastos fijos imposibles de modificar como el gasto social, educativo, y el pago del endeudamiento externo.

De hecho, la ley votada en el 2006 impedía reformular el gasto total del Presupuesto Nacional, del endeudamiento y los gastos reservados de inteligencia y seguridad, cuyo potestad seguía en manos del Congreso Nacional.

En los fundamentos del proyecto enviado ahora al Congreso, según lo señalado por fuentes del oficialismo, se establece que el objetivo es "posibilitar un mayor equilibrio entre las facultades reservadas al Congreso Nacional y la flexibilidad que necesita el Poder Ejecutivo para la ejecución presupuestaria".