Esta semana, la Provincia de Buenos Aires adhirió al nuevo protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (protocolo ILE). En Mendoza se analiza ir por el mismo camino.
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Aborto no punible: analizan la adhesión de Mendoza al protocolo
Las comisiones de género de la Legislatura buscarán una reunión con el ministro de Salud para conocer qué acciones se están realizando al respecto.
Para ello, la diputada Norma Pagés (UCR-Cambia Mendoza) pidió que se reunieran los expedientes de ambas cámaras que van en este sentido y que fueran enviados a las comisiones de género en la Legislatura. Los textos son tres: un proyecto de declaración para que la provincia aplique la guía técnica (redactado por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores), una solicitud de informe y una iniciativa de Ley, ambos firmados por la ex legisladora radical Liliana Vietti.
"Si hay una mujer que quiere interrumpir su embarazo en el marco de la legalidad, puede hacerlo perfectamente", señaló a este diario en junio la directora de Género y Diversidad, Silvina Anfuso. Lo cierto es que desde el Gobierno aún no se han expedido formalmente sobre el cumplimiento del protocolo que fue reelaborado en 2015 por la Nación.
La senadora Claudia Najul preside la comisión de género de la Cámara Alta. Foto: Yemel Fil.
"No hay posturas de bloque sobre esto y muchas veces se mezclan cuestiones religiosas e ideológicas, y es difícil que salga como Ley, porque el antecedente en la Legislatura no es bueno", expresó la senadora Claudia Najul, que preside la comisión de género. Por esto, la idea es convocar una reunión con el ministro de Salud, Rubén Giacchi, y la encargada del Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva, Roxana Cabrera.
Giacchi mencionó este jueves que le parecía "muy bien" que Buenos Aires esté utilizando la guía técnica y contó que están "evaluando" con un equipo interdisciplinario hacer lo mismo.
El ministro de Salud contó que evalúan la aplicación del protocolo. Foto: Cristian Lozano.
Najul explicó que con una resolución ministerial se podría aplicar (si es que actualmente no se hace), y no es necesario que tenga que pasar por un debate en la Casa de las Leyes. Por esto, quieren conocer qué acciones está realizando el Ejecutivo al respecto.
El protocolo de aborto no punible surge luego del denominado Caso F.A.L. (2012), en el que la Corte Suprema de Justicia resolvió por unanimidad que las mujeres violadas, ya sean insanas o no, podrían interrumpir su embarazo sin necesidad de autorización judicial previa ni temor a sufrir una posterior sanción penal, ni ella ni el profesional que practicara la intervención. Además, esto está sostenido en el artículo 86 del Código Penal, que establece lo siguiente:
El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible:
1º Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios.
2º Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto.