El fiscal federal Jorge Di Lello pedirá hoy las indagatorias de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, ex apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, y de otras 30 personas acusadas de desviar cerca de 50 millones de pesos que estaban destinados a la construcción de viviendas sociales.
Lee además
Fuentes judiciales informaron que el fiscal y un equipo de colaboradores trabajaban en los últimos detalles a la presentación y definían si también incluirían a Alejandra Bonafini, la hija de la titular de las Madres, Hebe de Bonafini.
La presidenta de Madres no sería acusada pero en el dictamen se incluirían algunos párrafos sobre su responsabilidad en el manejo de los fondos como cabeza del organismo.
En un dictamen de unas 200 páginas, y tras seis meses de investigación, Di Lello acusará a los imputados de los delitos de defraudación contra la administración pública y lavado de dinero y se espera que defina si también lo hará por asociación ilícita.
La presentación se hará por la mañana en el tercer piso de los tribunales de Comodoro Py 2002 (Retiro) donde el juez federal Norberto Oyarbide tiene su despacho.
También se pedirá la indagatoria de Viviana Sala, ex mujer de Sergio Schoklender, y de su piloto personal, Gustavo Serventich, del empresario Alejandro Gotkin y de los financistas Daniel Laurenti, Fernando Caparrós Gómez y Ricardo de Falco, en cuyas entidades se habrían cambiado cheques de las Madres.
El fiscal tiene acreditado el supuesto desvío de 50 millones de pesos que recibieron las Madres del Estado para construcción de casas y que habrían sido utilizados para la compra de diversos bienes como autos, yates y viviendas.
La operatoria se hizo a través de las empresas Meldorek SA, de Sergio Schoklender y Gotkin que contrataba Madres para construir viviendas, y de Antártida SA, lo que fue constatado a través de "la ruta del dinero" que investigaron Di Lello y el fiscal antilavado Raúl Pleé.
Todos los acusados tuvieron algún rol en esas y otras empresas que contribuyeron al presunto desvío de los fondos, según fuentes judiciales.
Di Lello pedirá las indagatorias de los acusados sin su detención, ya que siempre estuvieron a disposición de la Justicia, sobre todo Schoklender, quien se presentó en tribunales casi a diario, y porque la Cámara Federal dictó medidas que no avalarían esa postura, como la autorización a salir del país de Serventich.
Sin embargo, Oyarbide tendrá la potestad de definir si los detiene cuando pida sus indagatorias, en caso de que las ordene.
Se estima que el pedido del fiscal sea resuelto por Oyarbide tras la feria judicial de enero, ya que el juez tiene previsto tomarse vacaciones el próximo mes.
En el caso de Alejandra Bonafini, el Banco Central reportó operaciones sospechosas de la mujer por 50 mil dólares y 100 mil pesos, que según la investigación habrían utilizado en la compra de un departamento en la ciudad de La Plata y un automóvil.
El fiscal definía si la citaba a indagatoria, lo que algunas fuentes daban como un hecho, mientras que su madre no formaría parte del requerimiento del fiscal.
Ya cuando en junio pasado el fiscal inició la investigación sostuvo que en la causa son "damnificados no sólo el Estado Nacional sino también una importante y trascendente organización que tiene una trayectoria mundial en la defensa de los Derechos Humanos", en referencia a las Madres.
Esta será la primera tanda de pedidos de indagatoria, ya que el fiscal trabaja sobre la situación de otras 75 personas que fueron imputadas en el transcurso de los meses de la causa, que se inició a fines de mayo.
También se pedirá la indagatoria de Viviana Sala, ex mujer de Sergio Schoklender, y de su piloto personal, Gustavo Serventich, del empresario Alejandro Gotkin y de los financistas Daniel Laurenti, Fernando Caparrós Gómez y Ricardo de Falco, en cuyas entidades se habrían cambiado cheques de las Madres.
El fiscal tiene acreditado el supuesto desvío de 50 millones de pesos que recibieron las Madres del Estado para construcción de casas y que habrían sido utilizados para la compra de diversos bienes como autos, yates y viviendas.
La operatoria se hizo a través de las empresas Meldorek SA, de Sergio Schoklender y Gotkin que contrataba Madres para construir viviendas, y de Antártida SA, lo que fue constatado a través de "la ruta del dinero" que investigaron Di Lello y el fiscal antilavado Raúl Pleé.
Todos los acusados tuvieron algún rol en esas y otras empresas que contribuyeron al presunto desvío de los fondos, según fuentes judiciales.
Di Lello pedirá las indagatorias de los acusados sin su detención, ya que siempre estuvieron a disposición de la Justicia, sobre todo Schoklender, quien se presentó en tribunales casi a diario, y porque la Cámara Federal dictó medidas que no avalarían esa postura, como la autorización a salir del país de Serventich.
Sin embargo, Oyarbide tendrá la potestad de definir si los detiene cuando pida sus indagatorias, en caso de que las ordene.
Se estima que el pedido del fiscal sea resuelto por Oyarbide tras la feria judicial de enero, ya que el juez tiene previsto tomarse vacaciones el próximo mes.
En el caso de Alejandra Bonafini, el Banco Central reportó operaciones sospechosas de la mujer por 50 mil dólares y 100 mil pesos, que según la investigación habrían utilizado en la compra de un departamento en la ciudad de La Plata y un automóvil.
El fiscal definía si la citaba a indagatoria, lo que algunas fuentes daban como un hecho, mientras que su madre no formaría parte del requerimiento del fiscal.
Ya cuando en junio pasado el fiscal inició la investigación sostuvo que en la causa son "damnificados no sólo el Estado Nacional sino también una importante y trascendente organización que tiene una trayectoria mundial en la defensa de los Derechos Humanos", en referencia a las Madres.
Esta será la primera tanda de pedidos de indagatoria, ya que el fiscal trabaja sobre la situación de otras 75 personas que fueron imputadas en el transcurso de los meses de la causa, que se inició a fines de mayo.