Hace una semana plateamos algunas dudas acerca de la llegada de una nueva legión de superhéroes de alto poder adquisitivo (tienen más de 100 millones de pesos entre todos en cuentas en el exterior) que venían a reparar históricamente a una parte de nuestros abuelos.
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El lado B recargado
Hace una semana plateamos algunas dudas acerca de la llegada de una nueva legión de superhéroes de alto poder adquisitivo.
Aquellas especulaciones político económicas en base a los anuncios e información ahora tienen papel para fundamentar. No solo tienen poco de reparación histórica, sino que confirman todo lo que se puede pensar acerca de las intenciones del proyecto ómnibus presentado en una hábil maniobra política.
El texto enviado al Congreso de la Nación no parece tan auspicioso para el presente, como tampoco para el futuro. Entre las cosas que se ocultaron prolijamente en los anuncios, está la confirmación de que el Gobierno va a fondo para cumplir el sueño empresario de quedarse con las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y, si es posible, también con el sistema jubilatorio.
Los legisladores y asesores que ya analizaron el proyecto advierten que la reparación histórica tiene trampa. Por un lado, no aparece plasmado el pago de las sentencias y reajustes como se planteó en los anuncios. Se ofrecen acuerdos para cancelar rápidamente la deuda (incluso para quienes tienen sentencia firme) que recortan la actualización del haber y los retroactivos. Se puede resumir que no se cancelan las sentencias y posibles acuerdos -con los que todavía están en juicio- acorde a los fallos. Se ofrece rapidez a cambio de cobrar menos y además se ponen topes en los montos jubilatorios a los que se puede acceder a partir de los reajustes.
Tampoco el proyecto da señales de cómo se financiarán retroactivos y actualizaciones. Los especialistas en previsión calculan ese número en unos 150 mil millones para este año y 80 mil millones a partir del año que viene (números que dependerán de cuántos jubilados se presten al acuerdo). Los más optimistas auguran que el Estado podría recaudar entre 40 y 50 mil millones por el blanqueo, sumados a unos 100 mil de rendimiento del FGS alcanzarían justito para cumplir este año. De 2017 en adelante surge el gran interrogante: no solo por si se cumplirá el objetivo, sino porque las ganancias del FGS ( si sobrevive) irán a parar a los haberes de poco más de un tercio de los pasivos que son los que tienen juicios o están en condiciones de iniciarlos, dejando desprotegidos a quienes cobran la mínima, algo más del 50% de los jubilados actuales.
El artículo 12 del mamotreto con estado legislativo, redactado sin dudas desde hace mucho tiempo por las usinas empresario-económicas que acompañaron al actual Presidente en su recorrido hacia la Casa Rosada, plantea la creación de una comisión que estudiará en un lapso no mayor de tres años (claramente antes de que finalice el mandato) un nuevo esquema o sistema previsional universal, solidario y sustentable. Está claro que la última palabrita es la que apasiona a los economistas del establishment, pero no solo eso: en ningún lugar aclara o establece si este nuevo sistema debe ser público, privado o mixto. Ergo cuando comience la labor de esta comisión y aparezca un legislador o integrante de la misma planteando la vuelta de prestadores privados o sistemas mixtos, nadie podrá hacerse el sorprendido.
También es, como dicen en el campo, un engaña pichanga la nueva pensión para la vejez, no solo porque las mujeres que no tengan completos sus aportes, o directamente no tengan, se les alarga la edad hasta los 65 años, además el proyecto advierte que dicho beneficio solo estará disponible por tres años, hasta que se ponga en marcha el nuevo sistema universal, solidario y sustentable.
Todo en esto en un contexto económico productivo preocupante por más que los funcionarios se esfuercen en negar. La propia AFIP confirmó este jueves el párate económico cuando dio los números de la recaudación de mayo.
Por un lado confirman un contexto de retracción de ingresos para el Estado; la recaudación interanual creció un 23 % con una inflación del 40%.
Pero no solo eso, confirman que los números de inflación son altos, muy altos, después de las medidas instrumentadas por este gobierno. La recaudación del IVA en un contexto recesivo creció 41 % en promedio entre IVA interno y externo.
El otro dato no menor es que se disparó la recaudación de tributos por importaciones, confirmando la denuncia permanente de muchos sectores de la economía acerca de las nuevas políticas implementadas.
La discusión parlamentaria será importante, todavía le queda un trecho al proyecto ómnibus del Ejecutivo para hacerse realidad en la medida en que, debajo de un fin nada discutible, se pretende pasar demasiadas decisiones de impacto dudoso y que, como ya es una constante, terminan beneficiando a los sectores que con sus CEOS coparon todas las áreas del nuevo gobierno. Ya no quedan dudas, efectivamente cambiamos.