La jueza María Elisabet Lizán, recientemente reincoporada a su puesto luego de estar 44 meses de suspensión por un supuesto caso de adopción ilegal de bebés, pidió el viernes último el juicio político para el Procurador de la Corte, Rodolfo González, acusando de abuso de poder y mal desempeño al jefe de los fiscales y magistrados.
Este lunes trascendió la denuncia completa de la magistrada, donde se lo acusa duramente a Rodolfo González por persecución y hasta de incurrir en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Lizán fue acusada junto a las juezas Adriana Rodríguez y Susana Barrigón y recién a principios de este mes, el Jury de Enjuiciamiento rechazó la denuncia contra ellas, al entender que no había existido ningún tipo de delito.
No obstante, durante 44 meses las magistradas quedaron excluidas de sus puestos de trabajo y durante todo ese período cobraron sólo el 50 % de su sueldo.
Ese fue uno de los puntos clave para pedir el juicio político para el procurador. Lizán aseguró que por cada mes que no trabajaron las tres magistradas, se perdieron 200 mil pesos, teniendo en cuenta el pago de sueldo a ellas que no estaban en funciones y el salario de sus reemplazantes.
En tiempos de austeridad en los cuales cada funcionario público debe administrar los recursos de los mendocinos en forma eficaz y eficiente, la conducta del Sr. Procurador General fue realizada sin tener en cuenta el impacto económico que la misma tendría en las arcas provinciales, denunció Lizán en la presentación, que también cuestiona el accionar de los fiscales de cámara Javier Pascua y Darío Tagua.
Ahora bien, el Jury deberá analizar este pedido el próximo 1 de junio. Allí, siempre y cuando el tribunal formado por jueces, diputados y senadores acepte, el procurador de la Corte podría ser sometido a un largo proceso que puede terminar con su expulsión del Poder Judicial.
Mirá el pedido completo:
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