Oficializan suspensión de impuestos internos a espumantes

La suspensión de la alícuota, que según la Ley N° 24.674 es del 12 por ciento, fue aplicada por primera vez el 31 de enero de 2005, durante el gobierno de Néstor Kirchner, por el lapso de tres años, y prorrogado sucesivamente a partir de 2008, ya durante las gestiones de Cristina Fernández.

El pasado 16 de febrero, el Gobierno había prorrogado transitoriamente la suspensión del tributo, que había vencido el 31 de enero, para el posterior análisis de ese mercado de la economía. 

La medida, anunciada hace unos diez días por el gobernador Cornejo, en el marco de la final del Mundial de Sommeliers que se realizó en Mendoza, busca "impulsar las economías regionales, contribuyendo al posicionamiento y competitividad de la actividad vitivinícola".

Las entidades vitivinícolas estaban muy preocupadas ante la inminencia del cumplimiento del plazo de suspensión del régimen fiscal que se iba a producir el 30 de abril, por lo que habían solicitado "la urgente prórroga del decreto o la aprobación definitiva del Proyecto de Ley 1495/14 que ya tiene media sanción en el Congreso".

En sus considerandos, la norma firmada por el presidente Mauricio Macri destaca que la exclusión del pago del tributo "ha propiciado un importante desarrollo en el sector, lo cual se ha visto reflejado en el crecimiento sostenido de la cantidad de litros despachados al mercado interno de vinos espumantes así como de las bodegas fraccionadoras participantes en dicho proceso".

Los actores de la industria vitivinícola habían advertido sobre el impacto económico negativo y el perjuicio que hubiera desencadenado el pago del gravamen (12%) por el sector.

Según la cadena de valor del sector vitivinícola, se ponían en riesgo "miles de empleos, a cientos de productores y a empresas que generan valor agregado y trabajo en todo el oeste argentino".

En ese sentido, los productores sostenían que en la actualidad la producción y elaboración de espumantes genera de manera directa más de 1.900 puestos de trabajo, los cuales se verían seriamente comprometidos por la amenaza de la aplicación del impuesto. 

El tributo previsto en el Capítulo VII del Título II de la Ley de Impuestos Internos alcanza el expendio de champañas; pero desde 2005 se mantiene sin efecto el gravamen.

Durante el gobierno de Néstor Kirchner se decidió no cobrar el gravamen del 12% a los vinos espumantes si las empresas vitivinícolas demostraban inversiones, y así se prorrogó por primera vez el 31 de enero de 2005 por el lapso de tres años, y a partir de 2008 ya con Cristina Fernández al frente del Ejecutivo nacional, fue prorrogado sucesivamente año tras año.

Con la llegada al poder de Macri, luego de que la exención venciera el 31 de enero de 2016, el pasado 16 de febrero, el Gobierno había prorrogado transitoriamente la suspensión del tributo hasta el 30 de abril, lo que generó alarma en las entidades vitivinícolas.

La exclusión del impuesto durante 10 años favoreció el desarrollo y la diversidad del sector, lo que se refleja en el crecimiento sostenido de la cantidad de litros de vino espumante despachados al mercado interno que pasó de 22 millones a 46 millones de litros.

También el sector registró el crecimiento de ventas de espumante de uvas blancas -del total de vino blanco que se produce anualmente en el país, el 18% tiene como destino vinos espumantes-, y la importante inversión tecnológica de las bodegas fraccionadoras que acompañaron este proceso. Fuente: DYN y Télam

-¿Los espumantes deben por ley estar libres de impuestos internos?