Aquel golpe que la Suprema Corte de Justicia le dio a la por entonces novísima gestión de gobierno, cuando llevaba diez días en el poder, recibiéndola con un fallo interpretado como el claro intento por liberar a cientos de detenidos sin proceso en los penales mendocinos, caló tan hondo en las fibras del gobernador, tanto que decidió que su respuesta sería dada en su primer discurso ante la Asamblea Legislativa, con toda la clase política e institucional de la provincia reunida para escucharlo.
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Un discurso que Cornejo usó para acorralar a la Justicia
Cornejo devolvió la pelota al terreno de los jueces y fiscales y los expuso, por la interpretación que se hacen de las normas, ante la sociedad para que sean ellos los que respondan ante el constante pedido de seguridad social.
Si buscaron poner en un brete al gobierno, un adversario histórico para el Poder Judicial en el eterno problema de la inseguridad y de la extendida figura de la puerta giratoria aludiendo a los delincuentes detenidos que entran y salen de la cárcel casi en un mismo acto, Cornejo se dispuso a devolver la pelota al terreno de los jueces y fiscales y exponerlos, por la interpretación que se hacen de las normas, ante la sociedad para que sean ellos los que respondan ante el constante pedido de seguridad social.
El nuevo proyecto para regular las prisiones preventivas resultó ser lo más contundente de las más de dos horas que usó Cornejo para describir el estado de situación del gobierno a cuatro meses de haber asumido e intentar trazar las líneas centrales de la dirección que tomará la provincia en medio de una situación económica, financiera y de quietud alarmante.
El proyecto prevé que el detenido por un delito tenga claro cuándo se inicia su proceso y cuándo recibirá una condena, pero mientras eso sucede sepa que esperará el desenlace preso. Será el Senado de la provincia el que deberá tratar la iniciativa que apunta a reforma el Código Procesal Penal. Una reforma, hay que decirlo también, que recibió algunas críticas de sectores especializados por entender que este tipo de medida en verdad, previstas de alguna manera en el ordenamiento legal vigente, esconden la falta de resultados efectivos en la lucha contra el delito.
A excepción de esto, el discurso de Cornejo caminó por los temas ya conocidos por todos o por la gran mayoría del ciudadano medianamente informado. Concentrado en la búsqueda del orden y la calidad de la gestión en el funcionamiento del Estado, el gobernador no sorprendió al defender su idea del ítem Aula que lo distanció profundamente de la dirigencia gremial de los docentes y de todas aquellas decisiones que estrangularon el estatus quo en el que se venía desarrollando la relación entre los trabajadores del Estado, su responsabilidad como funcionarios o servidores públicos y los beneficios o sanciones que recibían en función de lo más cercano o lejano que se encontraran del color político del gobierno de turno.
Desde el comienzo y hasta el final, Cornejo no se desvió un ápice de cuestionar sistemáticamente a quienes ve como los principales opositores a sus ideas para modernizar el Estado y encauzarlo por un camino distinto al que venía transitando. Allí puso en primer lugar a los gremios del Estado y a los sectores de la oposición que lo critican por entender que encarna un ajuste feroz, injustificado, aseguran, y que se ensaña con los que menos tienen.
La educación, la salud y especialmente la seguridad contuvieron el cuerpo de sus palabras y hacia el final, dejando la lectura de lado, quizás encontró el clima que debió haber tenido el discurso para hacerlo más amable y atractivo, cuando, emocionado hasta las lágrimas, Cornejo pidió ayuda con el corazón para que lo acompañen en su obsesión por crear un Estado que le sirva a los mendocinos y no como hasta ahora, dijo, transformado a una carga permanente que lo esquilma y del que no recibe respuestas.
Para su primera presentación ante la Asamblea, y fundamentar su contraataque contra un sector del Poder Judicial al que le atribuye ser abolicionista y garantista, Cornejo citó encuestas recientes en donde se afirma que el 80 por ciento de los mendocinos cree que los detenidos por hechos de delincuencia son culpables de lo que se les imputa y que al mismo tiempo, esa misma cantidad de gente descree de sus instituciones, de la policía, de la política y de los políticos y de la justicia, los jueces y los fiscales por igual.
Creemos que en los últimos años unas 400 personas han estado saliendo y entrando permanentemente de la cárcel y eso es lo que pretendemos combatir y terminar, dijo el gobernador ya en una conferencia de prensa luego del discurso.