Tras el escándalo por la aparición de un video que muestra a policías de Guaymallén festejando Navidad, disparando sus armas al aire, mientras estaban en horario de trabajo, el fiscal reúne pruebas para formalizar una acusación penal en contra de estos.
En base a esto, Juan Ticheli ya tiene sobradas pruebas para fundamentar la imputación, pues en el video se muestran las caras de los sospechosos.
Sin embargo, el magistrado espera por estas horas, un informe de la Inspección General de Seguridad, que indique cuántos policías son los sumariados y detalles sobre las armas utilizadas y proyectiles gastados en ese festejo.
De esta forma, Ticheli decidirá a cuántos uniformados imputará. A todos esos, los acusará por malversación de caudales públicos, previsto en el artículo 260 del Código Penal, y por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El primero porque los policías gastaron los recursos del estado en forma diferente para lo que estaban destinados. Y el segundo delito, porque no cumplieron con las tareas asignadas.
Están para cuidar a la población, no para festejar a los tiros con las armas del estado, indicó una alta fuente judicial.
Estas imputaciones prevén penas de inhabilitación y multas económicas, por lo que, en caso de ser condenados, los policías podrían ser separados de la fuerza.
No obstante, la investigación judicial irá avanzando en forma paralela, aunque casi al mismo tiempo, que el sumario administrativo de la Inspección General de Seguridad.
Este organismo, luego de analizar el caso, pedirá una sanción para los efectivos. Esa sentencia será analizada por la Junta de Disciplina del Ministerio de Seguridad, que es el órgano habilitado para hacer efectiva alguna sanción contra miembros de la fuerza.
