Las decisiones políticas siempre están dominadas por el sentido de la oportunidad. Con lo cual, el impactante fallo del plenario de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, que sacudió las horas previas de la noche de Navidad y por el cual ordenó regular los procedimientos judiciales sobre las prisiones preventivas y ajustar el protocolo de detenciones de personas para resolver su situación procesal en un periodo de 48 horas, de ninguna manera no debe dejar de ser visto como un golpe en la escena política de parte de un Poder Judicial que tiene sus problemas internos, pero que además reacciona, conmovido, por los dardos envenenados lanzados por el propio gobernador Alfredo Cornejo que lo señaló, en su discurso de asunción, dos semanas atrás, como parte central del problema de inseguridad que afecta a la provincia.
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Seguridad: los probables intereses ocultos del polémico fallo de corte
Si la sentencia no se la analiza desde lo puramente político, se cae en la posibilidad de entenderla como extemporánea y alejada de toda lógica. Puertas adentro del Poder Judicial, el fallo tiene más significancia que hacia fuera, explican algunos especialistas que recorren tribunales y que han seguido de cerca el proceso previo a la resolución, que arrancó allá por el mes de setiembre con la presentación que hiciera la ONG Xumex.
En la Corte avizoraron que debían apurarse porque establecer estos procedimientos a seguir por los fiscales y los jueces de garantía en los casos de las detenciones y de la prisión preventiva dentro de dos meses, por caso, suponía crearle un problema adicional al nuevo gobierno porque ya estaría en marcha casi a pleno el plan de seguridad de Cornejo, basado, entienden, en una vuelta de tuerca a la mano dura y a la poca atención a las garantías constitucionales.
Cornejo dijo, cuando asumió, que iría a buscar a los delincuentes a sus propias madrigueras; bueno, estamos todos de acuerdo, pero que tenga en cuenta que lo tiene que hacer siguiendo las prerrogativas constitucionales vigentes, dijo a este cronista un encumbrado hombre del Poder Judicial mendocino que avala lo dispuesto por la Corte.
El momento era al arrancar el nuevo gobierno, explican, porque terminada la Era Ciurca la que se entiende como el período de los últimos ocho años de gobierno justicialista en donde la política de seguridad tanto de Celso Jaque como la de Francisco Pérez fue integralmente diseñada por quien fuera el vicegobernador de la última gestión, el cambio propuesto por Cornejo debe ajustarse, de entrada, a los pactos internacionales a los que Mendoza ha adherido desde varios años atrás. No hemos hecho otra cosa que ayudar, dicen con cierta picardía desde un sector cercano a la Corte.
También señalan, bajando el tono a la repercusión política que se ha desatado en el seno del Ejecutivo, que la sentencia no tiene efecto inmediato y que el número de casos de personas detenidas sin su debido proceso está siendo revisado y que puede ser menor a los cerca de 800 como se ha dicho.
La sentencia tomó cuerpo el 18 de diciembre, trascendió una semana después cuando fue notificada casi en las horas previas a la Noche Buena y recién será publicada hoy lunes. A partir de la publicación corren algunas horas para que sea efectivizada, pero se encuentra justo con el mes de feria (todo enero), con lo que entra en vigencia recién en febrero. En la Corte creen que el tiempo es suficiente como para ordenar la situación y como, entienden, más que nada, que el mensaje es más hacia adentro que hacia el Ejecutivo como lo ve Cornejo, los fiscales deberán ponerse a revisar los expedientes luego de la feria y que en números absolutos cada uno tendría, en promedio, dos casos por día para ajustarse al procedimiento contando con tiempo suficiente hasta abril.
La señal de la Corte ha sido conducida, así también, hacia el procurador Rodolfo González, el jefe de los fiscales que mañana martes podría hacer una presentación oponiéndose al contenido de la sentencia. Pero en el entorno de los ministros del tribunal aseguran que lo han invitado a reunirse esta semana para acordar en forma conjunta, más que buscar un enfrentamiento con él.
Como sea, en las primeras horas de hoy lunes Cornejo, y los ministros Gianni Venier y Dalmiro Garay, de Seguridad y de Gobierno respectivamente, irán a la Corte a una audiencia con el presidente Pedro Llorente quien escuchará las quejas del gobernador en el sentido de que el tribunal ha insinuado una peligrosa intromisión en el sistema de seguridad que diseña el nuevo gobierno.
Es improbable que en ese encuentro se alcance un acuerdo o una suspensión de los efectos de la sentencia. Pero puede que quede flotando, más allá de las capitalizaciones políticas que cada uno de los sectores haga de la cumbre, un plan de acción a seguir para luego de la feria, en febrero.