Una polémica medida debió afrontar el Ministerio de Salud por el reclamo de la ONG Vitam, que cuestiona la provisión de diversos métodos anticonceptivos por parte del Estado, como así también la asistencia con éstos a mujeres víctimas de violaciones. Se manifiesta en contra del aborto no punible y de la educación sexual. Por eso, la provincia suspendió provisoriamente la entrega y colocación del anticonceptivo subcutáneo a adolescentes que ya hayan tenido un hijo; una medida de salud reproductiva que en su momento fue presentada con bombos y platillos porque significaba un avance en materia de prevención de embarazo adolescente.
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Polémica: por una ONG se frena la entrega de anticonceptivos
Para Vitam son abortivos y no se colocan más subcutáneos. Reclama que no se entreguen kit de emergencia a mujeres violadas. En contra de los abortos no punibles.
Fue a principios de mayo de este año que Vitam -con la firma de Sonia Cano, presidenta de la asociación; el médico ginecólogo Walter Fernández Medina y los abogados Patricio López y Bernardita Berti García- reclamó que "se prohíba el suministro, expendio, fraccionamiento, aplicación, recomendación, prescripción, facilitación, colocación, información, distribución, difusión, utilización, venta, entrega (onerosa o gratuita), receta y cualquier otra actividad al respecto" del método anticonceptivo subcutáneo, en adhesión al reclamo de la Red de Laicos.
Ellos sostienen que este método es abortivo porque entre los efectos que genera está la modificación lenta del endometrio para que en caso de que se libere un óvulo y sea fecundado, no se pueda implantar. Éste es el argumento que dejaron asentado en el expediente 316-D-2015-77770, y por el que solicitan las medidas que frenaron la colocación del mismo.
Según pudo saber SITIO ANDINO, de los miles de dispositivos subdérmicos que llegaron a Mendoza este año para colocárselos a las adolescentes de entre 15 y 19 años que tuvieron al menos un evento obstétrico en el último año y que no tengan obra social o prepaga, con el objetivo de prevenir un segundo embarazo, apenas pudieron colocarse 44.
Es que entre los varios organismos involucrados en el análisis de la denuncia de Vitam, está la Asesoría de Gobierno, que dictaminó a favor de vetar el decreto del gobernador Francisco Pérez que incorporó este dispositivo del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable de la Nación a las políticas de salud reproductiva de la provincia.
Asesoría admitió los riesgos planteados, con lo cual el ministro de Salud, Oscar Renna, debió instruir a los involucrados en la colocación para frenarla. Por eso se requirieron informes al Conicet, a distintas universidades, entre ellas la Unviersidad Nacional de Cuyo y la Universidad Nacional de Córdoba y se aguardan las respuestas al respecto.
Lo cierto es que la palabra final la tiene el gobernador Francisco Pérez, quien debe decidir si el programa nacional al que Mendoza adhirió deberá dejarse de lado, haciendo lugar al reclamo de la asociación, o decide mantenerlo. Un antecedente de ésto es un dictamen del mismo organismo que en septiembre de 2014 hizo lugar al reclamo para vetar la ley 8722 de adhesión a la ley nacional 26.873 de lactancia materna, promoción y concientización pública, sobre el que el gobernador no avanzó y la norma se mantuvo.
De todas maneras, Pérez no ha sido el gobernador que más se enfrentó a la iglesia y a los grupos que se autodenominan "pro vida". De hecho, Mendoza aún no avanza en la adhesión para la aplicación de la guía de aborto no punible, que debe ser aprobada por ley.
Cuestionamientos polémicos
Pero la denuncia de Vitam es más amplia aún. La ONG interpreta que los otros métodos anticoncepticos, como el inyectable, la llamada píldora del día después, las pastillas anticonceptivas, el DIU, también son abortivos, con lo cual exigen las mismas medidas restrictivas que respecto al subcutáneo, aunque sobre éstos Asesoría no emitió dictamen aún.
Incluso, la organización sin fines de lucro solicita que se deje de otorgar el kit de emergencia a mujeres víctimas de violaciones, abusos o violencia sexual, establecido en el protocolo de asistencia, que incluye el anticonceptivo de emergencia. Vitam sostiene que el Estado debe abstenerse de "concretar, realizar, facilitar, difundir o sugerir abortos o prácticas abortivas de cualquier tipo o métodos o drogas abortivas (como las mencionadas)" y solicita que se deroguen y se dejen sin efecto las resoluciones, decretos, programas o protocolos "que incluyen, refieren o mencionan la píldora del día después, a la anticoncepción de emergencia, y demás drogas abortivas, o cualquier otro anticonceptivo abortivo.
También reclama que en los hospitales y el sistema sanitario "se abstengan totalmente" de concretar, realizar, facilitar, sugerir y/o difundir abortos y/o prácticas abortivas, "aunque se traten de supuestos del artículo 86 del Código Penal", es decir los abortos no punibles en casos de violación, cuando la vida de la mujer corre riesgo, entre otros casos.
Pero la denuncia no termina aquí. También solicita que se finalicen las prácticas de educación sexual.
Qué es Vitam
La organización se autodefine como un grupo de personas que promueve "la dignidad de la persona humana, ayudando a la mujer embarazada en riesgo". Su objetivo es dar ayuda a "mujeres de cualquier edad que afronten un embarazo inesperado, en situaciones de riesgo social (violencia familiar, abandono, pobreza, entorno familiar negativo, etc.)".
Tuvo trascendencia pública hace unos años, en 2006, cuando intentó frenar el aborto a una joven discapacitada que había sido violada. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza autorizó ayer el aborto y dejó sin efecto la medida de no innovar interpuesta por Vitam.
El caso tuvo varias instancias: si bien el Primer Juzgado de Familia había autorizado el aborto, el recurso de amparo de la ONG ante la Segunda Cámara Civil lo frenó. Incluso Vitam logró recusar al juez Germán Ferrer, titular del Primer Juzgado de Familia, por haber preopinado en el caso.
Pero finalmente Corte se pronunció a favor de la primera resolución y señaló que "ni Vitam Asociación Civil sin fines de lucro, ni Sonia Cano, ni ninguna otra persona ajena a la intervención médica requerida, está legitimada para recusar al tribunal ni, mucho menos, para plantear la suspensión de la interrupción ordenada por un tribunal competente en el ámbito de sus funciones específicas".
La respuesta de la ONG fue apelar a "las convicciones de los médicos para que continúen defendiendo la vida y a la obligación de salir en su defensa, que tienen los Defensores de Menores". Agregó que estos funcionarios judiciales "incumplieron su obligación legal" de defender los derechos del niño por nacer y destacó que "la Corte no ha advertido que en el procedimiento iniciado por los abogados de Gazzoli se ha verificado una flagrante violación del derecho de defensa de la persona por nacer quien al efecto no puede válidamente ser representada por quien pide su extinción física".
La madre de la joven, Ana Rosa Gazzoli, les pidió en la oportunidad a las mujeres de grupos antiabortistas que ejercían presión: No quiero que me molesten más, no quiero que se me acerquen, déjenme en paz.