Seis años después de un incendio que dejó 49 bebés y niños muertos en una estancia infantil en México, la fiscalía general anunció hoy que ha ejercido acción penal por homicidio culposo y lesiones contra 22 personas, entre las que figuran funcionarios y bomberos.
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Hay funcionarios entre los acusados por la muerte de 49 niños
Los pequeños perdieron la vida en un incendio que tuvo lugar en una estancia infantil en México.
"Hasta el momento son 22 las personas sujetas a proceso penal", informó la Procuraduría General de la República, después de que el abogado de los familiares de las víctimas, Gabriel Alvarado, afirmara que se habían librado órdenes de captura contra 22 ex empleados de la guardería, que no eran "los verdaderos responsables".
La fiscalía precisó que entre los acusados hay servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del que dependía la guardería, y de la Secretaría de Hacienda del gobierno del estado de Sonora, que administraba una bodega contigua donde comenzó el incendio.
También han sido acusados funcionarios de Protección Civil, del cuerpo de bomberos, de la municipalidad de la ciudad de Hermosillo y particulares.
"El proceso penal se encuentra en trámite en el juzgado primero de distrito en el estado de Sonora", informó la fiscalía general.
El plazo para resolver el pedido de ejercicio de acción penal, que implica el libramiento de órdenes de detención, es hasta el 18 de agosto, de acuerdo con medios locales.
El incendio de la guardería "ABC" ocurrió el 5 de junio de 2009 en la ciudad de Hermosillo, unos 1.900 kilómetros al noroeste de Ciudad de México. Además de los muertos, 70 pequeños sufrieron quemaduras y lesiones internas, algunas con secuelas de por vida.
Según las investigaciones, el fuego comenzó en una bodega en la que se almacenaba documentación de la Secretaría de Hacienda del gobierno del estado de Sonora, a partir de una falla en el aire acondicionado.
El fuego, humo y gases tóxicos se propagaron a la guardería vecina. El techo de poliuretano, altamente tóxico, se derritió sobre los pequeños, la mayoría menores de tres años.
La estancia infantil era administrada por particulares que prestaban servicio al IMSS, una institución pública.
Los padres afirman que no cumplía con los estándares mínimos de seguridad y pidieron en 2013 que se investigara si hubo intencionalidad en el incendio con el objetivo de destruir en la bodega papelería comprometedora para el gobierno local sobre una deuda.
Fuente: DPA