La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dispuso atenuar el ajuste económico con una reducción del superávit primario que había sido fijado en el 1,1% del Producto Bruto Interno Bruto (PBI), adelantaron fuentes oficiales.
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Dilma moderará el ajuste en Brasil
Rousseff fortalece al ala política del gabinete preocupada con la caída de su popularidad.
Esas fuentes informaron que luego de varias reuniones con su equipo de asesores y ministros, la presidenta aceptó revisar el objetivo de superávit fiscal propuesto por el poderoso ministro de Hacienda, Joaquim Levy.
La decisión de establecer un superávit primario (diferencia entre ingresos y gastos) menor está tomada y aún no hay precisión sobre las cifras, pero se especula que caería al 0,15 por ciento del PBI, consignaron los funcionarios a la agencia Ansa.
Al revisar parcialmente la línea económica considerada ortodoxa, Rousseff adopta una medida que fortalece al ala política del gabinete preocupada con la caída de su popularidad, que bajó al 8 por ciento según una encuesta publicada ayer.
En línea con la intención de equilibrar el frente fiscal, la presidenta Rousseff vetó hoy un proyecto de ley que preveía una suba de hasta el 78 % del salario de los empleados del Poder Judicial, debido al efecto que tendría en las cuentas públicas del país.
Rousseff argumentó en su veto que el alza generaría para el tesoro público un costo adicional de 25.700 millones de reales (8.107 millones de dólares) durante los próximos cuatro años, incompatible con el severo plan de ajuste fiscal que el Gobierno lleva adelante para reequilibrar sus cuentas.
"Un efecto de esa magnitud es contrario a los esfuerzos necesarios para el equilibrio fiscal", subraya la presidenta en el decreto que veta el aumento y en el que califica el proyecto de "inconstitucional" y "contrario al interés público", consignó por su parte la agencia EFE.
El mes pasado, el Congreso brasileño aprobó una suba salarial de entre 53 % y 78,5 %, dependiendo del cargo, para los empleados del Poder Judicial, que se aplicaría progresivamente hasta 2017.
La medida fue considera "insostenible" por Rousseff, quien, desde que asumió su segundo mandato el pasado 1 de enero, puso en marcha un plan de austeridad para reflotar las cuentas públicas, que el año pasado cerraron con el primer saldo negativo en 13 años.
El ajuste fiscal, que incluye un fuerte recorte del gasto público y un aumento de la recaudación por la vía tributaria, ha provocado una desaceleración de la economía que, según proyecciones oficiales, cerrará el año con una contracción del 1,2 %, así como un aumento del desempleo.
Fuente: Télam